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Contraataque de Abbott: el gobernador de Texas pide pena de cárcel para quien remueva su tobillera electrónica
Tras la fuga de dos acusados en el condado de Harris, el gobernador propone endurecer las normas
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LA NACION
El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció una propuesta para reforzar las sanciones contra personas que retiren o manipulen tobilleras electrónicas mientras esperan su juicio o cumplen medidas judiciales. La iniciativa surgió luego de la fuga de dos acusados de asesinato en el condado de Harris.
Abbott busca modificar la ley sobre el monitoreo electrónico en Texas
El mandatario republicano cuestionó el funcionamiento del programa de monitoreo electrónico administrado en el condado de Harris tras la fuga de dos sospechosos de asesinato. En declaraciones difundidas en sus redes sociales, sostuvo que este tipo de situaciones “sucede demasiado a menudo”.
“Los criminales que hacen esto deben ser arrestados y negada la libertad bajo fianza. Cualquier persona que remueva un monitoreo de tobillo debe recibir una sentencia mínima obligatoria en la cárcel”, aseguró en su cuenta de X.
El mandatario también adelantó que impulsará cambios legislativos para establecer estas medidas de endurecimiento para cualquier acusado que remueva un monitor electrónico. Según indicó, estas reformas serán incluidas dentro de los proyectos considerados prioritarios para la Legislatura estatal que comenzará en enero de 2027.
Los casos que reactivaron el debate sobre la tobillera electrónica en Texas
La discusión volvió a tomar fuerza después de la fuga de dos acusados por homicidio que se encontraban bajo vigilancia electrónica. Uno de los casos involucra a Walter Pozos, presunto sospechoso de un asesinato por un choque ocurrido en 2023 mientras escapaba de la policía a más de 100 millas por hora (160 kilómetros por hora).
De acuerdo con lo retomado por Texas Scorecard, Pozos, de 32 años, se quitó su monitor GPS dos días antes del inicio de su segundo juicio, programado para el miércoles 13 de mayo. Desde entonces permanece prófugo.
El segundo caso corresponde a Lee Gilley, acusado de asesinato por la muerte de su esposa embarazada, Christa Bauer. Según la investigación retomada por el medio local, el hombre se quitó su dispositivo electrónico el 1° de mayo y salió de EE.UU. con documentación falsa y posteriormente fue arrestado en Milán, Italia.
Qué establece la ley de Texas sobre las tobilleras electrónicas
En Texas, la manipulación de dispositivos de rastreo está regulada por la ley SB 1004, vigente desde septiembre de 2023. Antes de esa norma, quitarse una tobillera era considerado una infracción administrativa vinculada a las condiciones de libertad.
La legislación actual convirtió esa conducta en un delito penal independiente. La norma contempla cargos para personas que desactiven o retiren de manera intencional un sistema de monitoreo exigido por orden judicial.
La ley clasifica estas acciones como “State Jail Felony”, una categoría de delito que puede implicar condenas en cárceles estatales. En casos vinculados a programas de supervisión intensiva específicamente dirigidos a reclusos liberados bajo libertad condicional, la acusación representa un delito de tercer grado, lo que puede incluir una multa económica.
El gobernador de Texas sostuvo que las disposiciones actuales no alcanzan para impedir nuevas fugas de acusados vinculados a delitos graves. Por ese motivo, planteó un esquema más estricto para quienes violen las condiciones de monitoreo electrónico.
El plan del condado de Harris para reforzar el sistema de tobilleras electrónicas
El debate también involucra a autoridades locales del condado de Harris. El comisionado del precinto 2, Adrian García, anunció que presentará un plan para fortalecer el programa de monitoreo electrónico enfocado en acusados de delitos violentos, según consignó KPRC 2 News.
El exsheriff del condado señaló que la prioridad será mejorar el funcionamiento tecnológico de los sistemas de rastreo y acelerar la respuesta ante alertas de manipulación. Actualmente, algunos protocolos pueden tardar entre 24 y 48 horas en informar irregularidades a los tribunales.
Las autoridades también revisan el acceso a los registros de GPS de empresas privadas contratadas para el monitoreo. En el caso de Walter Pozos, fiscales debieron presentar una solicitud judicial para obtener datos de ubicación mientras el acusado ya se encontraba prófugo.
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