Todas las leyes firmadas por Greg Abbott que entran en vigor en Texas en diciembre 2025
Este mes comienzan a correr normas que tocan temas sensibles como aborto, trata de personas y espacios para residentes transgénero en el Estado de la Estrella Solitaria
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LA NACION
Texas inició diciembre con un conjunto de normas que introducen transformaciones profundas en áreas sensibles como la educación pública, la seguridad, los derechos reproductivos y el acceso a determinados espacios públicos. A partir de este jueves 4, varias disposiciones aprobadas durante la segunda sesión especial de la Legislatura comenzarán a regir de manera simultánea, tras haber sido avaladas y firmadas por el gobernador Greg Abbott en septiembre.
HB 7 en Texas: demandas contra fabricantes y distribuidores de fármacos para abortar
- La Cámara impulsó la HB 7 como una de las piezas centrales de la ofensiva estatal contra los medicamentos que inducen un aborto.
- Abbott la firmó el 17 de septiembre de 2025 y su aplicación quedó fijada para el 4 de diciembre de este mismo año.
La ley estableció una estructura jurídica que impide la fabricación y distribución de estos fármacos dentro y fuera de Texas, lo que permite que ciudadanos particulares presenten acciones civiles contra quienes intervengan en ese proceso.
El texto incorporó además disposiciones sobre jurisdicción estatal, efectos de fallos emitidos en otras jurisdicciones y mecanismos de protección frente a decisiones contrarias provenientes de otros estados.
Entre las facultades más destacadas figuró la habilitación de demandas tipo qui tam, que amplió la capacidad de personas vinculadas o no al embarazo para iniciar litigios. Los impulsores del proyecto afirmaron que este modelo cerró vacíos legales y reforzó la protección del feto, mientras que voces críticas —según reflejó The Texas Tribune— señalaron que convertía a los ciudadanos en “cazadores de recompensas” y expandía los alcances de la prohibición del aborto más allá de las fronteras texanas.
HB 8: cambios en la evaluación escolar y mayor transparencia para Texas
También firmada el 17 de septiembre de 2025, la HB 8 significa una reforma profunda del sistema de responsabilidad académica y transparencia en las escuelas públicas.
La mayoría de sus artículos entrarán en vigor el 4 de diciembre, mientras que una parte específica quedó diferida hasta septiembre de 2026.
La legislación reestructura el modelo de medición del rendimiento estudiantil, incorporó un nuevo programa de evaluaciones más breves, distribuidas a lo largo del año y redefinió los indicadores que influyen en las calificaciones institucionales.
La norma reformula el conocido examen STAAR y lo divide en tres pruebas más cortas. De esta manera, se pretende disminuir la presión sobre los alumnos y evitar la saturación del tiempo de clase con preparación exclusiva para ese examen.
HB 18: penalidades para legisladores que rompan el quorum en Texas
La HB 18, firmada el mismo 17 de septiembre de 2025, también comenzará a regir el 4 de diciembre. Se enfoca en restringir la captación de fondos políticos y la ejecución de ciertos gastos de campaña por parte de legisladores y comités específicos durante los períodos en los que un miembro se ausente de una sesión y, con esa falta, rompa el quorum.
La legislación estableció penalidades civiles para evitar que las bancadas utilicen la retirada estratégica como herramienta de presión, una práctica que cobró relevancia en los episodios de 2021 y en la fuga de representantes demócratas durante las disputas por la redistribución de distritos ocurridas antes de esta sesión especial.
HB 26: nuevos contratos para reforzar la seguridad en condados específicos
Firmada el 17 de septiembre de 2025 y efectiva desde el 4 de diciembre, la HB 26 incluye modificaciones vinculadas a la posibilidad de que los sheriffs y alguaciles de ciertos condados —entre ellos, Harris County— celebren convenios con asociaciones vecinales, distritos escolares y organismos de servicios públicos para reforzar la vigilancia sin necesidad de contar con la aprobación de la corte de comisionados del condado.
La iniciativa surgió como respuesta a las tensiones locales respecto del programa de contratos con agentes adjuntos, un esquema que permitía sumar patrullaje adicional con financiamiento de organizaciones o comunidades interesadas. Sus impulsores defendieron que la normativa preservó un modelo popular entre residentes y entidades que buscaron aumentar la presencia policial.
SB 8: regulación de baños y espacios según sexo asignado al nacer
La SB 8, aprobada en la segunda sesión especial y firmada el 22 de septiembre de 2025, entrará en vigor el 4 de diciembre. Se trata de una de las iniciativas más controvertidas del paquete legislativo por su impacto sobre personas trans.
La ley ordenó que el acceso a baños, vestuarios y áreas clasificadas como “espacios privados” en edificios públicos —incluidos oficinas gubernamentales, escuelas, universidades estatales, cárceles y prisiones— se determine según el sexo asignado al nacer.
La disposición también prohibió que personas asignadas como varones al nacer utilicen refugios para mujeres víctimas de violencia doméstica, salvo que sean menores de edad y estén acompañados por una madre que reciba asistencia.
Para las instituciones que incumplan la norma, se fijaron sanciones de US$25.000 para la primera infracción y de US$125 mil para reincidencias.
En su cobertura, The Texas Tribune subrayó que los defensores de la iniciativa argumentaron que la ley salvaguardará la privacidad y seguridad de las mujeres, mientras que organizaciones civiles alertaron que expondrá a riesgo tanto a personas trans como a individuos cisgénero que puedan ser acusados erróneamente.
SB 11: defensa afirmativa para víctimas de trata en Texas
La SB 11, rubricada por Abbott el 17 de septiembre de 2025 y activa desde el 4 de diciembre, establece una defensa afirmativa para víctimas de trata de personas o de explotación sexual que enfrenten procesos judiciales por delitos cometidos bajo coerción, fraude o fuerza por parte de los tratantes.
La aprobación se dio luego de que el gobernador vetara una versión previa por considerarla demasiado amplia, pero esta nueva edición incluyó límites precisos.
La norma excluyó de esta protección a quienes hayan incurrido en delitos graves como homicidio, agresión sexual, secuestro, trata de menores o robos violentos. Legisladores que participaron en su redacción destacaron que la finalidad fue evitar que personas sometidas a explotación sean castigadas por acciones derivadas directamente de su situación.
El reporte de The Texas Tribune remarcó que la defensa se diseñó para armonizar la protección de víctimas con la necesidad de mantener un marco penal firme en torno a delitos severos.
LA NACION
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