En Texas: la Corte Suprema de EE.UU. rechazó revisar un caso que pone prueba la libertad de expresión en el estado
Priscilla Villarreal fue detenida en 2017 luego de ser acusada de publicar información oficial
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LA NACION
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la revisión del caso de la periodista Priscilla Villarreal, una ciudadana radicada en Texas, conocida en redes sociales como “La gordiloca”. Según informó Court House News, se planteó el análisis del alcance de la libertad de expresión y los límites de la inmunidad de los funcionarios públicos.
El origen del caso en Texas con una periodista
El caso de Villarreal se remonta a 2017, cuando fue arrestada tras publicar en Facebook información obtenida de fuentes oficiales sobre la muerte de un agente fronterizo y un accidente fatal.
De acuerdo con los registros judiciales, los agentes obtuvieron dos órdenes de arresto, una por cada publicación, y la acusaron de “uso indebido de información oficial” bajo el artículo 39.06(c) del Código Penal de Texas.
Villarreal sostuvo que, en más de dos décadas de vigencia de esa ley, nunca antes se había detenido a alguien bajo ese mismo artículo, lo que reforzó su argumento de que su arresto fue una represalia directa por su labor informativa.
La periodista explicó que su trabajo consistía simplemente en consultar a fuentes dentro del gobierno, una práctica habitual en el ejercicio del periodismo. Sin embargo, las autoridades argumentaron que ella buscaba beneficiarse de información no pública para aumentar su audiencia en redes sociales.
La batalla judicial y el rol de la inmunidad calificada
El caso avanzó en distintas instancias judiciales y fue acumulando decisiones contradictorias. Tras entregarse a las autoridades, Villarreal denunció un trato hostil. En tanto, aseguró que los agentes la rodearon, se burlaron de ella y hasta tomaron fotos durante el procedimiento antes de que pudiera salir bajo fianza.
Posteriormente, presentó un recurso de habeas corpus, que derivó en una decisión clave: un juez estatal declaró que la ley utilizada para acusarla era inconstitucional por su vaguedad. A partir de allí, la periodista inició una demanda civil por daños fundamentada en la Primera Enmienda, en donde argumentó que su arresto había violado su derecho a la libertad de expresión.
Sin embargo, un tribunal federal de apelaciones desestimó su reclamo al considerar que, incluso si los hechos denunciados eran ciertos, los funcionarios del condado estaban protegidos por la llamada “inmunidad calificada”. Esta doctrina legal impide responsabilizar a funcionarios públicos por sus acciones si no violaron un derecho claramente establecido.
En una primera revisión, un panel del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito revirtió esa decisión y calificó el arresto como “obviamente” inconstitucional. No obstante, el pleno del mismo tribunal anuló ese fallo y volvió a favorecer a los funcionarios, lo que restableció la inmunidad y dejó a Villarreal sin posibilidad de reparación.
La disidencia de Sonia Sotomayor dentro de la Corte Suprema de Justicia
La negativa de la Corte Suprema a revisar el caso no fue unánime. La jueza Sonia Sotomayor cuestionó duramente la decisión de sus colegas y advirtió sobre sus implicancias.
“Debería ser obvio que este arresto violó la Primera Enmienda”, escribió la magistrada, según consignó Court House News. Sotomayor subrayó que los agentes no deberían poder ampararse en la inmunidad calificada cuando su accionar implica la supresión de la libertad de expresión.
En su análisis, sostuvo que el tribunal inferior cometió un error grave al sostener que los funcionarios no podían ser responsabilizados.
Sotomayor también remarcó que el caso giraba en torno a una de las prácticas más básicas del periodismo: hacer preguntas a fuentes gubernamentales. Según su postura, eso fue exactamente lo que hizo Villarreal, sin obtener información confidencial ni actuar fuera de los márgenes legales.
La reacción de la defensa y el reclamo por cambios
Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE), que representó a Villarreal, expresó su decepción tras conocerse la decisión. En un comunicado difundido en X, la organización sostuvo que el fallo de la Corte dejaba en evidencia la necesidad urgente de revisar cómo se aplicaba la inmunidad calificada en casos vinculados a la libertad de expresión.
En ese mismo mensaje, la organización enfatizó que la periodista fue arrestada por hacer preguntas a la policía, una actividad que describieron como cotidiana en el trabajo periodístico y claramente protegida por la Constitución. También destacaron la importancia del apoyo recibido por parte de otras instituciones y especialistas que presentaron escritos como “amigos de la corte”.
Finalmente, FIRE dejó en claro que continuará con litigios en defensa de los derechos fundamentales. “Mientras los funcionarios gubernamentales sigan pisoteando los derechos de la Primera Enmienda, estaremos allí para contraatacar y defender esos derechos para todos los estadounidenses”, concluyó el comunicado.
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