Immigration News en Texas: últimas actualizaciones y qué puede pasar en diciembre 2025

El escenario migratorio en Texas atraviesa un momento de transformaciones en diciembre de 2025. Una combinación de resoluciones judiciales pendientes, políticas de detención más restrictivas y enfrentamientos entre distintos niveles de gobierno configuran un panorama crucial para inmigrantes residentes en el estado.

DACA enfrenta un posible cambio decisivo en diciembre de 2025

Texas está a la espera de una resolución que podría modificar de manera profunda la vida laboral de decenas de miles de beneficiarios del programa de Consideración de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

Tras una decisión de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito emitida en enero de 2025, el caso regresó al tribunal del juez federal Andrew Hanen, encargado ahora de ajustar su orden previa conforme a las instrucciones del tribunal superior.

El fallo del Quinto Circuito estableció que, aunque la protección contra la deportación continúa vigente, la autorización de empleo podría ser incompatible con el marco legal.

Además, los jueces delimitaron el alcance del bloqueo exclusivamente a Texas, luego de que el estado argumentara haber experimentado perjuicios derivados del otorgamiento de permisos de trabajo.

La propuesta presentada por el Departamento de Justicia el 29 de septiembre de 2025 y retomada por Los Angeles Times plantea que los beneficiarios de DACA residentes en Texas perderían sus permisos laborales a partir de una fecha definida por el tribunal, que podría conocerse este mismo mes.

Esto colocaría a más de 87.000 personas en riesgo inmediato de perder su capacidad legal para trabajar dentro del estado.

Crece la disputa entre el gobernador Abbott y el CAIR

El clima político en Texas también incluye un conflicto creciente entre el gobernador Greg Abbott y el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR, por sus siglas en inglés). La tensión se elevó tras una declaración emitida por el mandatario en la que atribuyó al CAIR y a su filial estatal vínculos con actividades ilícitas a nivel internacional. Las consecuencias de la proclamación incluyeron restricciones adicionales para la organización.

En respuesta, el CAIR presentó el 3 de diciembre una solicitud formal de registros públicos dirigida a la oficina del gobernador. El pedido busca obtener comunicaciones que involucren referencias a la organización, temas religiosos y entidades comunitarias, además de mensajes intercambiados con funcionarios de otros gobiernos.

“El pueblo de Texas eligió a Greg Abbott para servirle y protegerlo, no para atacarlos en beneficio de grupos de odio o de un gobierno extranjero”, publicó Edward Ahmed Mitchell, subdirector nacional del CAIR, en un comunicado oficial. “Los texanos tienen derecho a saber si su gobernador trabaja para ellos”, señaló.

Abbott remitió una carta al Departamento del Tesoro federal solicitando la revisión del estatus de exención fiscal del CAIR. El planteamiento fue acompañado de acusaciones sobre supuestos vínculos externos, los cuales la organización rechaza y argumenta que se trata de un intento de represalia relacionado con litigios en curso.

Texas vive un aumento sin precedentes de peticiones de habeas corpus

Los tribunales federales en Texas registraron un incremento notable en los recursos legales contra detenciones migratorias. La intensificación de las políticas de arresto en el interior de EE.UU. y una normativa federal emitida en julio de 2025 generó un volumen significativo de litigios.

La instrucción federal amplió el concepto de detención obligatoria para cubrir a cualquier persona que haya ingresado sin autorización, sin importar cuánto tiempo lleve viviendo en el país norteamericano. Esto eliminó la posibilidad de fianza para miles de individuos, lo que impulsó a abogados y defensores a recurrir masivamente a los tribunales.

Entre enero y noviembre de 2025 se registraron más de 675 peticiones de habeas corpus relacionadas con inmigración en Texas, según The Texas Tribune. Esta cifra supera las presentadas durante el primer periodo presidencial de Donald Trump y refleja la alta actividad legal del año.

Uno de los expedientes recientes es el caso de Shahrokh Rahimi, un inmigrante iraní con más de dos décadas de residencia en San Antonio antes de su detención en junio. Su audiencia de habeas corpus fue programada para el 10 de diciembre de 2025, convirtiéndose en uno de los procesos más seguidos debido al contexto de detención expandida.

De acuerdo con el medio local, Texas concentra más de una cuarta parte de las personas bajo custodia de ICE en todo el país norteamericano, lo que explica su papel central en las disputas relacionadas con detenciones prolongadas y el acceso a audiencias federales.

Entrada en vigor de una nueva ley de inmigración en Texas

El 1° de enero de 2026 comenzará la implementación obligatoria del programa 287(g) para la mayoría de los sheriffs que administran cárceles en Texas, conforme a lo establecido en el SB 8. Este cambio legal formaliza la colaboración entre autoridades locales y agentes federales en la identificación de personas sujetas a procesos migratorios.

A pesar de la directriz estatal, ciudades con poblaciones amplias expresaron reservas sobre participar plenamente en el programa. En Dallas, el jefe de policía sostuvo que un acuerdo formal desviaría recursos del combate al crimen violento y no mejoraría los indicadores de seguridad.

En Houston, aunque no existe un convenio firmado, informes recientes muestran un incremento significativo en las comunicaciones de la policía local hacia ICE, especialmente tras la reelección de Donald Trump. Gran parte de esas llamadas se originaron en inspecciones vehiculares.

Las metrópolis texanas enfrentan escenarios en los que su postura frente a ICE puede determinar el tipo de presencia federal que reciban en los próximos meses.

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