Tim Walz vs. Trump: la demanda de Minnesota ante las muertes de estadounidenses en operativo “antimigrantes”

El estado de Minnesota abrió un nuevo frente judicial contra la administración de Donald Trump al denunciar la retención de pruebas en una serie de operativos federales que involucraron con civiles muertos y heridos.

Minnesota: una demanda sin precedentes por acceso a pruebas

Según informó Courthouse News, Minnesota presentó una demanda en un tribunal federal con el objetivo de hacer que el gobierno de Estados Unidos entregue pruebas vinculadas a tres episodios violentos ocurridos durante la “Operation Metro Surge”.

Según la demanda, agentes federales habrían disparado contra tres personas en el área de Minneapolis: Renee Nicole Good y Alex Pretti murieron, mientras que Julio César Sosa-Celis resultó herido.

La acción judicial sostiene que las autoridades federales habrían bloqueado el acceso a la información recopilada tras los tiroteos.

En el escrito de 43 páginas, Minnesota afirma que esta negativa rompe con una larga tradición de cooperación entre agencias estatales y federales en casos similares.

Desde la perspectiva estatal, la negativa vulnera principios fundamentales: “El estado de Minnesota tiene la autoridad y la responsabilidad de proteger contra la violencia dentro de sus fronteras”, se indica en la demanda citada por Courthouse News.

El rol de Mary Moriarty y la acusación de encubrimiento

De acuerdo con el comunicado oficial de la fiscalía del condado de Hennepin, la fiscal Mary Moriarty calificó la situación como inédita en la historia del país norteamericano. “La demanda presentada hoy, que cuestiona la retención categórica de todas las pruebas para una investigación criminal, no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos”, afirmó.

En el mismo documento, Moriarty remarcó que un estado soberano se ve obligado a recurrir a la Justicia para obtener información sobre la muerte de sus propios residentes. Según explicó, se trata de evidencia que el gobierno federal retiene de manera intencional.

La fiscalía trabaja en conjunto con el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, y otras organizaciones legales, para destrabar el acceso a la información. El objetivo central es poder avanzar con investigaciones independientes sobre los hechos ocurridos durante el operativo federal.

Ruptura de la cooperación entre agencias: el eje de la acusación

Según detalla Courthouse News, el día en que Renee Good murió, existía un acuerdo inicial entre el Buró de Aprehensión Criminal de Minnesota (BCA) y el FBI para realizar una investigación conjunta.

Sin embargo, la colaboración se desmoronó. Las autoridades federales habrían excluido a los investigadores estatales, impidiéndoles incluso participar en entrevistas con los agentes involucrados.

La demanda sostiene que esta decisión no fue aislada, sino parte de una política más amplia de negación de acceso. En el caso de Alex Pretti, por ejemplo, agentes federales habrían bloqueado físicamente el ingreso de investigadores estatales a la escena del tiroteo, lo que generó temores sobre la posible destrucción de evidencia.

Según la acción judicial, el caso podría sentar un precedente sobre los límites de la cooperación entre autoridades estatales y federales en investigaciones criminales vinculadas a operativos migratorios.

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