Ley de protección de trabajadores en Washington: una iniciativa que busca ayudar a migrantes
Este proyecto trata de restringir el acceso de las agencias federales a áreas internas de los centros laborales sin una orden judicial
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LA NACION
Durante el último año, las políticas federales orientadas a limitar la inmigración irregular derivaron en un aumento de operativos en distintos puntos de Estados Unidos. En este escenario, el fiscal general del estado de Washington, Nick Brown, inició un trabajo conjunto con la senadora estatal Rebecca Saldaña y la representante Lillian Ortiz-Self para elaborar un proyecto conocido como Ley de Protección del Trabajador Inmigrante.
El objetivo de la Ley de Protección del Trabajador Inmigrante en Washington
En una conferencia conjunta con la senadora Rebecca Saldaña y la representante Lillian Ortiz-Self del 5 de diciembre de 2025, Brown aseguró que trabajan en un proyecto para proteger a los trabajadores inmigrantes y fortalecer la economía de Washington.
“Lo que estamos viendo de esta administración es una campaña de miedo que dejó a muchas personas con temor de ir a trabajar”, escribió en su cuenta de X.
De acuerdo con el comunicado oficial, el planteamiento surge como respuesta a un incremento sostenido de auditorías y requerimientos administrativos emitidos por las autoridades migratorias federales.
Según sus impulsores, esta tendencia impactó en las operaciones laborales en diversos sectores productivos del estado.
“Los inmigrantes merecen justicia, respeto y la tranquilidad de trabajar y mantener a sus familias”, señaló Saldaña. “Esta legislación los protege del miedo y la incertidumbre al garantizar que puedan seguir contribuyendo a la fortaleza y la prosperidad de nuestro estado”, aseguró.
La propuesta legislativa busca:
- Establecer un procedimiento uniforme que garantice que los empleados reciban aviso cuando las autoridades soliciten documentos relacionados con la elegibilidad para trabajar.
- Regular de qué forma deben responder los empleadores ante solicitudes de ingreso de agentes federales a áreas internas que no están abiertas al público, al exigir una orden judicial válida.
- Asegurar que las empresas solo den información de sus trabajadores cuando haya una orden judicial formal.
“La Ley de Protección del Trabajador Inmigrante garantiza la notificación oportuna de las auditorías I-9, fortalece las protecciones laborales y confirma nuestro compromiso urgente de mantener a las familias de Washington seguras y unidas”, detalló Ortiz-Self.
El contexto migratorio en EE.UU.
La propuesta se presenta en un período marcado por el despliegue de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en distintos estados y por la suspensión de solicitudes migratorias provenientes de varios países.
Las medidas federales, anunciadas como una estrategia para limitar la migración irregular, generaron efectos directos en centros de trabajo, donde se realizan verificaciones del formulario I-9, documento que acredita la elegibilidad laboral.
“Esta ley empodera a los trabajadores para que reciban la misma información que sus jefes y tengan la oportunidad de poner sus asuntos en orden”, agregó Brown.
La contribución económica de los inmigrantes en Washington
Organizaciones locales señalaron que la economía del estado depende en gran medida de la participación de trabajadores inmigrantes.
Las tácticas federales de control migratorio, como auditorías inesperadas y solicitudes de datos sin aviso previo, han incidido en la dinámica empresarial.
Líderes comunitarios afirmaron que estas acciones generan interrupciones que afectan tanto a empleados como a negocios, lo que provoca cambios en horarios, ajustes operativos y dificultades para mantener registros actualizados.
“Los trabajadores que han tenido cambios en su documentación y estatus legal deben tener la misma oportunidad de regularizar su documentación que los empleadores”, señaló Danielle Alvarado, directora ejecutiva de Working Washington.
La Legislatura de Washington retomará sesiones el 12 de enero, fecha en la que se espera que el proyecto sea debatido en comités y avance en su discusión formal.
Sus patrocinadores anticipan que la propuesta abrirá un proceso de revisión en el que se evaluarán procedimientos administrativos, facultades de las autoridades federales y obligaciones de los empleadores.
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