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Coronavirus en la Argentina: consenso por la deuda, debate por la cuarentena
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LA NACIONCarlos Pagni
La posición oficial frente a los acreedores externos es una isla de consenso en el conflictivo mar de una economía que se hunde en la recesión. Ayer, Alberto Fernández y su ministro Martín Guzmán agregaron al respaldo local el de un importante grupo de la academia internacional. Hasta Cristina Kirchner los apoya en este asunto. Con una aprobación tan amplia, ellos esperan mejorar mañana el nivel de adhesión de los acreedores a su oferta. Será el primer test para un proceso que se mantiene abierto hasta el 22.
Mientras tanto, se abre una discusión en torno a la estrategia para enfrentar la pandemiadel coronavirus con una cuarentenaestricta. Los costos económicos del encierro presionan al Gobierno. Y Fernández se prepara para flexibilizar la medida, con una preocupante alarma en el tablero: la situación sanitaria de los barrios más humildes de la ciudad de Buenos Aires y su conurbano.
Joseph Stiglitz promovió un pronunciamiento de 138 profesores a favor de la reestructuración de deuda que su discípulo Guzmán presentó a los bonistas. Stiglitz está muy cerca del ministro. Y tiene una antigua relación con Cristina Kirchner, a quien asesoró, nunca se supo si como parte de un servicio profesional o de una colaboración amistosa, cuando era presidenta. Esas relaciones no deberían desmerecer la carta abierta de ayer. Entre los firmantes hay varios economistas destacados y, entre ellos, algunos de los mejores estudiosos de los problemas de financiamiento estatal. Junto a Stiglitz aparece Edmund Phelps, quien también integra el claustro de Columbia y tiene un antiguo vínculo con la Universidad de Buenos Aires a través de su amigo Juan Vicente Sola. En la Facultad de Derecho existe una cátedra Phelps. La firma de este experto es relevante por tratarse, a diferencia del otro Nobel, de un ortodoxo al que aprecian en el mercado financiero.
También figura el bergogliano Jeffrey Sachs, quien dialogó hace pocos días con el Presidente. Aunque tal vez sean más significativos Dani Rodrik, la cubano-americana Carmen Reinhart y su colega de Harvard el ajedrecista Kenneth Rogoff, que pasaron parte de sus vidas estudiando la relación entre crecimiento y niveles de deuda. La declaración a favor de Guzmán fue un texto a seis manos de Stiglitz, Phelps y Reinhart: se publicó ayer con la firma de los tres en el prestigioso sitio Project Syndicate.
El argumento principal de estos académicos es la mutación que la pandemia impuso en la economía internacional. El mundo está, dicen ellos, ante la peor recesión de los tiempos modernos. La mayor crisis global de la que tengamos memoria. Aunque ellos no lo expliciten, la consecuencia es que el Covid-19 mejoró el menú de pagos que Guzmán diseñó antes de la catástrofe. Para ser más persuasivos, citan a organismos internacionales. El FMI consideró que la deuda no es sustentable. Se podría agregar -el texto no lo dice- que propuso un recorte similar al del ministro. El Banco Mundial había calculado, antes de la crisis, que la pobreza urbana argentina alcanzaba el 35,5% y la infantil, 52,3%. Ahora, las Naciones Unidas y el Fondo observan que el país está entre los más afectados por la recesión en América Latina, proyectando una contracción de 5,7% para este año. A la luz de estas miserias, los profesores instan a la comunidad financiera a realizar un ejercicio de buena fe y racionalidad que haga juego con el dramatismo del momento.
Los bonistas suelen contestar, diría Pugliese, con el bolsillo. Nadie espera que mañana haya una adhesión tumultuosa al canje de Guzmán. Los especialistas especulan con que acudirán una mayoría de tenedores minoristas y, por supuesto, los organismos oficiales que poseen títulos bajo ley extranjera. El resto, donde revistan fondos como Blackrock, Templeton, Fidelity, Gramercy o Pimco, esperarán una mejor oferta. Y tienen una razón para hacerlo: el propio ministro emitió un comunicado en el que prometió que, si los acreedores realizan una contrapropuesta, está dispuesto a buscar un común denominador.
Esta voluntad de diálogo coincide con todas las manifestaciones, públicas y privadas, de Alberto Fernández, quien pretende evitar el default. El kirchnerismo más reacio al sector financiero, que encabeza la vicepresidenta, avala a Guzmán como si fuera un representante del propio grupo. Tal vez lo sea: una versión insistente afirma que llegó al ministerio por impulso de la señora de Kirchner. Pero lo más interesante es que desde las filas del propio oficialismo algunos economistas sugieren variantes para acercar posiciones con los grandes tenedores de bonos. Por ejemplo, el Centro de Economía Política Argentina, que lidera Hernán Letcher, en un estudio titulado "Una propuesta abierta para 'aplanar la curva' de vencimientos", insinúa que Guzmán podría excluir series de bonos emitidos en 2016 y canjear las de 2005; reconocer intereses corridos; reducir el período de gracia; capitalizar intereses durante los primeros años; reducir quitas directas de capital, etc. No es, por supuesto, un trabajo oficial. Pero refleja el clima político que impera entre los técnicos que militan en el kirchnerismo en relación con el desenlace al que aspiran.
La posibilidad de que haya una promesa de pago más atractiva, como sostuvo Economía, es un motivo para no presentarse en el canje de mañana. Es decir: el propio Guzmán desalentó, en alguna medida, a los que deberían concurrir. ¿Esa baja asistencia le daría la excusa para mejorar lo que propuso? No se sabe. Tampoco está claro si quienes acudan mañana tendrán derecho a acceder a una eventual oferta más favorable. Lagunas legales del pliego oficial.
Quienes creen que, al final del camino, habrá un entendimiento, especulan con la vocación del Gobierno de no entrar en cesación de pagos, pero también con las urgencias de los acreedores. Como sostienen los profesores que avalan a Guzmán, el mundo ingresó en una tormenta en la que lo único tangible es la duda. Quienes administran activos, por lo tanto, deberían aprovechar la oferta argentina, muy atractiva si se la compara con el derrumbe generalizado de los precios. Ayer, esta cuestión fue debatida en la Universidad de Columbia, en presencia de Guzmán. Allí Sachs se convirtió en un abogado incondicional del ministro, diciendo que el mercado debería entender que un rendimiento de 2,4%, como el que ofrece la Argentina, es muy aceptable, sobre todo si se lo compara con papeles de Alemania, que pagan 0%, o de Estados Unidos: 1,25%. El amigo del papa Francisco fue más allá: advirtió a los financistas que, si no reestructuran la deuda de decenas de países, van a correr con el costo de un colapso global. Es curioso que haya hecho ese pronóstico y, al mismo tiempo, afirmado que los bonos que ofrece Guzmán carecen de riesgo. Sachs hizo hervir la sangre de los ortodoxos argentinos. Por suerte en la conferencia de Columbia estaba también Martín Uribe, quien sugirió a Guzmán que pague algo durante su gestión actual y que haga una reducción del gasto público. Esta segunda sugerencia iría, con los bonos libres de riesgo de Sachs, al anaquel de las rarezas.
La incertidumbre hace que cualquier apuesta sea racional. Un bonista al que le ofrecen entre 35 y 40 dólares por un activo que hoy cotiza a 25 tiene un estímulo considerable a aceptar la operación, en un contexto donde los rendimientos son casi nulos. Sobre todo, si puede vender ese título apenas lo recibe. Y si, además, evita ir a un juicio de resultado dudoso. Para entender la lógica de los acreedores hay que recordar que la Argentina, en 2016, consiguió un acuerdo muy ventajoso con quienes habían ganado un pleito en primera y segunda instancia. Desde entonces, ir a tribunales no es tan seguro.
Otro punto de vista es el del fondo de inversión que tiene en su cartera una posición voluminosa de papeles argentinos, de los que no podría desprenderse de inmediato porque, al hacerlo, degradaría su valor. Esas instituciones son las que pretenden precisiones sobre el futuro de la economía argentina, que es lo que determinará el precio de lo que reciben. Hoy es una pregunta retórica. Ningún gobierno puede mostrar un programa económico. Los números que mostró ayer Guzmán en Nueva York son tan inciertos como los que podrían contraponer los bonistas para exigir un acuerdo más generoso. El ministro asegura que este año el PBI caerá 6,5%, pero que el año que viene tendrá un crecimiento real del 3% y que en 2022 seguirá expandiéndose 2,5%, para comenzar a subir 1,7%, sin variación, hasta 2030. Da envidia tanta clarividencia.
La Argentina compite hoy contra otro modelo, que postergó la resolución del problema para encontrar un contexto más seguro. Ecuador acaba de acordar una postergación de vencimientos hasta el 20 de agosto, pagando 50 centavos de dólar por cada 1000 dólares adeudados. Obtuvo una adhesión del 91% y el aval del Fondo. El agente financiero fue Lazard Frères, el mismo que asiste al Ministerio de Economía.
El interrogante último sigue siendo siempre el mismo: ¿qué habilidad tiene Guzmán para negociar? Dos factores juegan en su contra. Uno tiene que ver con sus antecedentes: el Gobierno fracasó en varias colocaciones locales por no haber dialogado antes con los que debían comprar lo que ofrecía. El aval del Fondo, que en esta negociación es juez y parte, y de los académicos no reemplaza una discusión detallada. Nadie sabe si se está realizando. El segundo factor es un detalle. Pero un detalle estratégico: la oferta argentina incluye una cláusula de "redesignación" por la que el Ministerio de Economía se atribuye la facultad de modificar las mayorías a partir de las cuales el acuerdo con un grupo de bonistas se impone para todos los tenedores del mismo título. Los acreedores insinúan que esa cláusula desmiente la buena fe de la que se ufanan los funcionarios. Un punto que podría ser crucial para la estricta Loretta Preska, la jueza de Manhattan.
Alberto Fernández tiene un respaldo muy amplio en su estrategia. El lunes consiguió el aval de seis entidades empresarias y de la CGT. Ayer lo apoyó AEA, que agrupa a los titulares de grandes empresas. Sin embargo, esa entidad expresó dos recomendaciones. La primera: el Gobierno debe evitar el default. Una cesación de pagos dejaría a la economía en general, no solo al Estado, sin crédito. Y eso agravaría la recesión, que ya es penosa. Por supuesto, la decisión de acordar o entrar en default no es de Guzmán. Es de Fernández. La segunda advertencia de los mayores empresarios es que se debe salir, cuanto antes, de la cuarentena. Es una inquietud que aparece cada vez más clara en las encuestas. Anteanoche, en diálogo con José Del Rio en LN+, Alfonso Prat-Gay, que ayer adhirió a la carta de los académicos a favor del canje, hizo una afirmación contundente: "La economía no fue estropeada por el virus, como si fuera una guerra. Lo que la está destrozando es la cuarentena". El Presidente reaccionó con nombre y apellido, con un argumento previsible: la que arruinó la economía fue la gestión de Mauricio Macri. La curva de contagios se aplanó al extremo de que los casos de coronavirus se duplican cada 30 días. El PBI tiene una caída, anualizada, de 10 puntos en dos meses y medio. Esos datos hablan solos: salir de la cuarentena, que fue exitosa, es ahora el principal peligro para el futuro del Gobierno.
