Diputados presentaron un proyecto para compactar las motos que circulen con caños de escape adulterados en la Provincia
La iniciativa propone endurecer las sanciones contra los vehículos que anden con este tipo de caño de escape y busca combatir los ruidos molestos; incluye la chance de secuestrar los que estén en infracción
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LA NACION
Diputados bonaerenses presentaron en la Legislatura provincial un proyecto para endurecer las sanciones contra los vehículos que circulen con caños de escape adulterados o ruidosos. La iniciativa también incluye la posibilidad de secuestrar y compactar a los vehículos que estén en infracción.
Presentado por el legislador del espacio Hechos Manuel Passaglia, el proyecto quiere “prevenir, controlar, sancionar y erradicar” el “uso, fabricación, comercialización, instalación y circulación de sistemas de escape antirreglamentarios, adulterados, libres o no homologados" en autos y motos. También incluye toda conducta que genere contaminación sonora vehicular en infracción a la normativa vigente.
El proyecto refiere a caños de escape, silenciadores, componentes, accesorios y modificaciones que no cumplan con las condiciones técnicas, homologaciones o niveles sonoros de la normativa nacional o provincial. Alcanza a autos, motos, ciclomotores, triciclos motorizado, cuatriciclos y cualquier rodado impulsado mecánicamente.
Quienes circulen en un vehículo con estos elementos sufrirán multas de 300 a 1000 unidades fijas, la inhabilitación para conducir de tres meses a un año desde la sanción, y el decomiso y disposición final del vehículo, caño antirreglamentario y demás elementos en infracción. También se retendrá la licencia de conducir.
“La legislación que tenemos hoy es claramente insuficiente y los vecinos padecemos a estos turros que salen a tirar cortes y jodernos la vida. Las multas económicas no alcanzan. Por eso es que proponemos directamente decomisar estas motos y compactarlas”, escribió Passaglia en sus redes sociales.
Y sumó: “Desde Hechos vamos a defender siempre el derecho a los vecinos de vivir tranquilos. Ya lo hacemos en San Nicolás y lo queremos hacer también en toda la provincia de Buenos Aires".
Los objetivos detrás son: proteger la salud pública y el ambiente; preservar la tranquilidad y convivencia urbana; garantizar la seguridad vial; prevenir conductas antisociales vinculadas al uso indebido de vehículos; fortalecer las facultades de fiscalización y control del Estado provincial y municipal.
La iniciativa prohíbe también circular en territorio provincial con vehículos con escape libre; que no tengan silenciador reglamentario; que posean un sistema de escape modificado; que tengan un silenciador deteriorado, perforado, anulado o ineficaz; que excedan los límites sonoros legalmente establecidos; y que incorporen dispositivos destinados a amplificar detonaciones, explosiones o ruidos evitables.
También restringe la fabricación, la venta, distribución e instalación de sistemas de escape con modificaciones que no cumplan con la ley y prohíbe las maniobras intencionales para hacer que un vehículo genere ruidos molestos.
Para esto, establece una multa que puede ir de 1500 o 5000 unidades fijas, junto con el decomiso y disposición final del caño de escape antirreglamentario y otros elementos en infracción, la clausura preventiva o temporaria del establecimiento y la inhabilitación temporal para operar en el rubro. Si el establecimiento vuelve a cometer el mismo delito, se instará su clausura definitiva.
Los jueces podrán ordenar la compactación de los vehículos según la gravedad del caso.
El proyecto excepciona a los vehículos dedicados a la competición deportiva o exhibición privada y, en relación a ello, solicita la creación del Registro Provincial de Comercios y Talleres Especializados en Sistemas de Escape para Competición.
“La proliferación de escapes libres, adulterados o no homologados genera contaminación sonora, afecta la salud psicofísica de la población, altera la convivencia urbana y compromete la seguridad vial”, escribieron en los fundamentos del proyecto, que busca incorporar “sanciones eficaces, inmediatas y disuasivas”.
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