Ampliaron la denuncia en la Justicia contra los alumnos que entonaron cánticos antisemitas
Por su parte, desde la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense propusieron avanzar en espacios que fortalezcan la conciencia ciudadana y el diálogo
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Funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires se presentaron el lunes en la Escuela Humanos, en Canning, tras la difusión del video de cánticos antisemitas durante el viaje de egresados. Durante la jornada convocaron a las familias, mantuvieron reuniones con los estudiantes y propusieron instancias de reflexión conjunta con los alumnos de la ORT.
Según explicaron a LA NACION, la idea es “avanzar en espacios que fortalezcan la conciencia ciudadana, el diálogo y la convivencia democrática; y promover pedidos de disculpas sinceros y vínculos pacíficos”.
El caso también sumó nuevas derivaciones judiciales. El abogado Jorge Monastersky, que fue el primero en presentar una denuncia penal, confirmó a LA NACION que amplió su presentación inicial e incorporó testimonios que revelan que los episodios de discriminación no se limitaron al video viralizado, sino que se repitieron en distintas ocasiones dentro del hotel que los adolescentes compartieron con alumnos de la escuela ORT. “No fue una vez, sino varias veces en el hotel, y escaló un poco más”, señaló.
Monastersky explicó que su denuncia, presentada el domingo en la Fiscalía de la Ciudad, se enmarca en la Ley 23.592 contra actos discriminatorios y discursos de odio. Allí pidió la individualización de los alumnos, del coordinador de la empresa de viajes Baxtter y del padre acompañante que aparece en el registro. También solicitó medidas para preservar las pruebas digitales y evitar que se eliminen las imágenes de la red X. “Lo que busco es que se entienda que la Justicia actúa, que los hechos tienen consecuencias y que hay que ser responsables. Hay una prevención general: esto es un delito y no es una cuestión menor”, explicó.
El abogado sumó además la declaración de una exalumna que denunció haber recibido hostigamiento constante por parte de los mismos jóvenes en otros ámbitos escolares, aunque aclaró que no se trataba de situaciones vinculadas al viaje, sino a conductas previas de agresión. Según Monastersky, esos antecedentes refuerzan la idea de que no se trató de un hecho aislado, sino de un patrón sostenido.
El letrado remarcó que su objetivo es que, además de las sanciones penales, se promuevan instancias educativas como cursos de concientización, talleres sobre el Holocausto o capacitaciones sobre el ataque del 7 de octubre de 2023, para que los responsables comprendan la gravedad del discurso de odio.
En paralelo, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) reforzó su posición pública. A través de sus redes sociales, la entidad expresó: “El antisemitismo no solo afecta a la comunidad judía, sino a toda la sociedad. Por eso, trabajamos en dos caminos complementarios: la vía judicial, cuando se configura un delito, y la educación, que es la herramienta fundamental para transformar y prevenir. Expresamos nuestro repudio y llevamos claridad sobre la importancia de trabajar frente a estas conductas. Reforzamos nuestro compromiso con una sociedad libre de odio y discriminación”.
La Escuela Humanos, que en los últimos días emitió tres comunicados, señaló en el primero que “repudia enérgicamente el accionar de un grupo de alumnos durante su viaje de egresados”, que repudia “la actitud de la empresa organizadora y del coordinador a cargo” y que “se adoptarán medidas internas”.
En un segundo texto indicó: “Estamos organizando talleres y actividades de reflexión orientados a promover la convivencia, el respeto y la inclusión social, con el objetivo de que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse”.
Y agregó: “Hemos tomado contacto con la DAIA, con quien emprenderemos un trabajo de capacitación y revisión de lo sucedido”.
En el tercer comunicado afirmó: “Hemos mantenido una reunión con los alumnos involucrados a fin de analizar y esclarecer los hechos, y otra con sus familias, quienes de buena fe y con preocupación presentaron sus disculpas a la institución”, y precisó que “recibimos a la inspectora, al jefe regional y a la subdirectora de DIEGEP, con quienes compartimos información y definimos acciones a seguir en el marco institucional y dentro de la normativa vigente”.
El hecho que detonó la polémica ocurrió el 10 de septiembre, cuando en un ómnibus de doble piso un grupo de alumnos de sexto año coreó la frase “hoy quemamos judíos”, mientras eran arengados por un coordinador de la empresa Baxtter y por un padre que viajaba como adulto acompañante. El video, que se conoció el domingo pasado luego de que fue publicado por el periodista Dani Lerer en la red X, generó repudio inmediato y múltiples denuncias judiciales.
Además de la presentación de Monastersky y de la DAIA, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, también acudió a los tribunales para denunciar a los responsables por instigación a cometer delitos y discriminación. En tanto, la Secretaría de Industria y Comercio imputó a la empresa Baxtter por infracción a la Ley de Defensa del Consumidor y advirtió que la sanción podría alcanzar los $2100 millones.
En medio de este escenario, Baxtter anunció que apartará de sus funciones al coordinador que aparece en el video. La compañía reiteró su “enérgico rechazo” a los cánticos y aseguró que reforzará la capacitación de su personal para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.
Según la denuncia presentada, los hechos no se reducen al episodio registrado en el micro. Monastersky afirmó que se repitieron expresiones antisemitas en el hotel donde se alojaban los estudiantes y agregó el testimonio de una exalumna que señaló antecedentes de hostigamiento escolar. Con esas incorporaciones, la causa quedó a la espera de que la Justicia determine competencias y responsabilidades.
En paralelo, las autoridades educativas provinciales convocaron a las familias, organizaron reuniones con los alumnos y propusieron talleres de reflexión, además de instancias de encuentro con la escuela ORT. La DAIA, por su parte, acompañará el proceso pedagógico y continuará con la vía judicial. “Argentina tiene una tradición de convivencia multicultural y la Constitución garantiza la libertad de culto”, señaló Monastersky, al fundamentar su presentación.
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