La tormenta perfecta: asfixia económica, asedio estatal y el desafío de la IA acorralan al periodismo en las Américas

El periodismo en América Latina y el Caribe atraviesa una de las etapas más críticas e inciertas de su historia contemporánea. Lejos de ser una crisis unidimensional, la prensa se encuentra atrapada en una convergencia de amenazas. Como sintetiza Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa): “La industria periodística a nivel global atraviesa una tormenta perfecta. Desde hace 25 años corre una carrera de vallas para desarrollar nuevos ingresos, ingresos que provienen del ámbito digital, que compensen o intenten reducir la brecha con la caída de ingresos tradicionales. Pero los primeros suben lentamente por una escalera y los segundos bajan rápidamente en un ascensor. Con la irrupción de la inteligencia artificial, los ingresos digitales también caen. Y a esto se suma la expansión de un discurso extraordinariamente agresivo que intenta deslegitimar al periodismo”.

Esta cruda radiografía es respaldada y cuantificada por cuatro de los estudios más prestigiosos a nivel global sobre la industria: el Digital News Report 2025 del Reuters Institute, el informe sobre el Estado del Desarrollo de los Medios 2025 de la DW Akademie, el reciente y alarmante Informe Sombra sobre la Libertad de Prensa en América Latina 2025, elaborado por la Red Voces del Sur (Red VDS), y la información recientemente actualizada a través del Índice de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras (RSF).

El diagnóstico de RSF para 2026 es el más sombrío desde su creación. El informe afirma textualmente: “Por primera vez en la historia de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), más de la mitad de los países del mundo se encuentran en una situación ‘difícil’ o ‘muy grave’. En los 25 años de historia del ranking, la puntuación media del conjunto de los países analizados nunca ha sido tan baja”. Esta realidad global se complementa con las cifras lapidarias del Informe Sombra, que confirman que el deterioro regional no se detiene, sino que se transforma: en 2025 se documentaron 2.484 alertas que afectaron a 3.230 víctimas en 17 países de la región.

En todo el continente, la libertad de prensa enfrenta un retroceso estructural donde los gobiernos de turno han dejado de ser garantes para convertirse en victimarios. El Informe Sombra lo confirma con un dato inapelable: uno de cada dos agresores identificados en la región (50,5%) fue estatal. El deterioro no se limita a los ataques verbales. También se expresa mediante obstáculos crecientes para acceder a información pública, litigios intimidatorios, intentos de endurecer leyes de difamación y normativas ambiguas vinculadas con desinformación, ciberseguridad o contenidos digitales. La organización documentó 279 alertas relacionadas con restricciones al acceso a la información y 190 vinculadas con hostigamiento judicial.

En sintonía con esto, RSF 2026 subraya que “A nivel regional, las Américas experimentan un cambio significativo a peor, con el descenso de siete puestos de Estados Unidos, y el desplome de varios países latinoamericanos, sumidos en una espiral de violencia y represión”.

Dessein alerta sobre la magnitud de este clima: “La intolerancia y los ataques de prensa se repiten en regímenes y países muy diversos, desde dictaduras como Cuba y Nicaragua, a presidencias con características ideológicas muy distintas, surgidas de elecciones libres, como El Salvador o Colombia. En muchos casos aparece una conexión entre la hostilidad de los gobiernos y el uso de un aparato comunicacional digital que promueve la difamación y ataques coordinados contra todo aquel que se atreva a formular alguna discrepancia o a analizar críticamente la gestión de los diversos gobiernos”.

En Colombia, el ambiente de polarización impulsado desde el poder se ha vuelto insostenible. Red VDS documentó el desplazamiento forzado de 22 periodistas debido a la asfixia del entorno y la estigmatización. Werner Zitzmann, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), expone la gravedad de esta crisis: “El deterioro en todos los indicadores de libertad de prensa en Colombia, es verdaderamente lamentable y uno de los más significativos en la región en los últimos años. La situación se desprende, principalmente, de la muy articulada, implementación de una narrativa oficial liderada por el actual presidente, para denigrar el oficio periodístico de los medios privados que supervisan y denuncian, señalándolos de servir a intereses particulares de los ricos y no al cambio social propuesto por su modelo político”. El periodista también advierte sobre una realidad que llega hasta la violencia extrema: “La estigmatización y los ataques permanentes han sido muy efectivos, han generado no solamente un ideario de rechazo al periodismo y a los medios, sino violencia hacia ellos, lo cual usufructúan muy especialmente los grupos criminales en las zonas rurales del país, y que ahora, en una coyuntura política electoral, resulta de inmensa utilidad para servir al discurso del candidato en la línea de sucesión. Tristemente, hoy es la izquierda, pero por el lado de la extrema derecha, las prácticas son muy similares. Desde la Asociación Colombiana de Medios de Información hemos venido documentando y visibilizando esta situación, para llamar sobre todo la atención de la comunidad internacional, sobre la importancia de atajar oportunamente este fenómeno, cuyos alcances y consecuencias son bien ya conocidas en otros países. La CIDH y la SIP han recogido estos llamados y se han pronunciado. Sin embargo, la realidad sigue inalterada y resulta inmensamente preocupante”.

En Perú, la situación es igualmente dramática. El país se desplomó 53 puestos en el ranking de RSF desde 2022, y el Informe Sombra señala que las coberturas sobre minería ilegal y corrupción elevaron en un 83% el número de periodistas víctimas. Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, ofrece un testimonio literal contundente: “Aquí hay constantes intentos legislativos para aumentar la pena en cárcel por difamación, un promedio de dos al año. El año pasado hubo 458 ataques a periodistas contabilizados. Fueron cuatro asesinatos. Una gran parte de los ataques proviene del Estado o sus funcionarios. Es más, todo el aparato del Estado ojeriza y está contra el ejercicio libre del periodismo, desde la presidencia hasta gobiernos locales, pasando por el Congreso, la Fiscalía, la Policía, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial y demás”.

Por su parte, Argentina y El Salvador han institucionalizado el hostigamiento estatal y el “discurso estigmatizante”. El informe RSF 2026 es lapidario en su evaluación sobre ambos países: “Los fervientes defensores de Donald Trump en América Latina, Javier Milei y Nayib Bukele, reproducen el manual del inquilino de la Casa Blanca contra los medios de comunicación y, como era de esperar, siguen la misma línea en el ranking. Argentina (98; -11) y El Salvador (143; -8) registran un retroceso significativo, debido, entre otros factores, al declive de los indicadores del clima político y social, confirmando el aumento de la hostilidad y de las presiones gubernamentales hacia la prensa”.

A nivel legal y judicial, el diagnóstico de RSF 2026 marca una regresión planetaria: “De los cinco indicadores analizados en la clasificación, el legal es el que más ha bajado este año... La criminalización del periodismo mediante la vulneración del derecho de prensa y el uso indebido de leyes de excepción o de derecho común se afianza como un fenómeno mundial”. En la región, el Informe Sombra sumó 190 alertas orientadas a intimidar a reporteros mediante demandas civiles o penales abusivas, con México, Argentina, Colombia y Brasil liderando esta práctica represiva.

La violencia letal en 2025 se cobró la vida de 23 periodistas en América Latina, nueve más que en 2024, lo que equivale a un periodista asesinado cada 16 días. En el Índice 2026, México (122) se consolida de manera trágica como el país más peligroso para la prensa del orbe, “por encima de Ucrania y Siria”. RSF describe textualmente cómo este derramamiento de sangre hunde a otras naciones: “Allí donde el crimen organizado mata, la clasificación de los países cae en picado. Es el caso de Ecuador (125), que pierde 31 puestos tras los asesinatos de Darwin Baque y Patricio Aguilar”. A nivel regional se registraron 296 agresiones físicas, a menudo con uso desproporcionado de la fuerza estatal.

En países bajo regímenes cerrados o dictaduras consolidadas, la asfixia mutó a un control total y devastador. RSF 2026 sentencia la situación de estos territorios: “Venezuela (159) sigue sumida en una gran incertidumbre en cuanto a las garantías de la libertad de información [...] Mientras que Cuba (160) atraviesa una profunda crisis que obliga a los escasos periodistas independientes a operar cada vez más en la clandestinidad, en Nicaragua (168) el panorama mediático está sencillamente en ruinas, víctima de una represión sistemática y un deterioro permanente de las condiciones de ejercicio de la profesión”.

Esta radiografía continental encuentra en Centroamérica uno de sus focos más críticos. Giselle Boza S., coordinadora del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la Universidad de Costa Rica -que publica anualmente un informe regional en alianza con la Fundación Böll de Alemania-, describe este deterioro como un fenómeno de fronteras porosas.

“En los últimos años, hemos visto cómo Centroamérica muestra un deterioro constante en las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa. Los periodistas señalan diversas formas de presión y restricción, entre ellas la persecución estatal, la criminalización, la estigmatización pública, la violencia digital y otros mecanismos indirectos de censura. Por ejemplo, en el caso costarricense, el uso de la pauta de publicidad estatal para premiar o castigar a medios de comunicación”, detalla.

Al analizar el modus operandi de las agresiones, Boza S. advierte el rol de los nuevos actores digitales: “Si bien hay matices distintos en cada uno de los países que analizamos, cada vez se acercan más a dinámicas comunes, en donde los actores político-institucionales siguen siendo la principal fuente de esos ataques (...). El espacio público digital se caracteriza además por las campañas de desprestigio contra periodistas en toda la región. Esos ataques son producidos deliberadamente en un ecosistema mediático caracterizado por una variedad de seudomedios, espacios oficiales, influencers o cuentas anónimas que deslegitiman el papel de la prensa en una democracia”.

Frente a este asedio multiforme, la salida suele ser trágica. “El exilio de periodistas se ha convertido también en un fenómeno regional en aumento. Nicaragua sigue siendo el país con la situación más extrema, pero El Salvador y Guatemala se muestran también como naciones con desplazamiento forzado. Hoy la violencia se caracteriza por formas más complejas: las restricciones legales y el hostigamiento directo en El Salvador, una mayor persecución judicial en Guatemala, o el uso del aparato del Estado para presionar a medios en Costa Rica son algunas de las características de este deterioro”, concluye la experta.

A la par de la hostilidad política, la prensa de la región padece una crisis financiera estructural. En mediciones previas y actuales, una inmensa mayoría de los países americanos sufren caídas de su indicador económico, empujando a redacciones raquíticas a doblegar su independencia editorial.

En esta fragilidad, los medios de interés público pasaron a depender fuertemente de los fondos de la cooperación internacional. Sin embargo, la DW Akademie advirtió severas deficiencias: ninguno de los principios de la OCDE para un apoyo eficaz se cumple plenamente en la región. Los fondos internacionales son a corto plazo, rígidos, y excluyen los altísimos costos operativos centrales (salarios e infraestructura tecnológica) imprescindibles para sobrevivir. Los medios denuncian un “paracaidismo” burocrático que ignora realidades locales e indígenas, situación agravada en 2025 por crisis sorpresivas como la cancelación de programas de Meta y fondos de USAID.

La transformación tecnológica ha migrado masivamente la violencia hacia el ecosistema en línea. El Informe Sombra registró 182 alertas de violencia digital (hackeos, doxxing, inteligencia artificial para campañas difamatorias), pero el cambio más profundo se da en la relación con la audiencia y la proliferación de creadores de contenido parcializados.

Dessein advierte sobre esta degradación del debate: “Con respecto al periodismo militante, el rol que jugaba durante el kirchnerismo, que fue fomentado, alimentado económicamente por las gestiones de esos años, hoy en la Argentina esa función ha sido reemplazada por los influencers militantes, algo que se extiende. En distintos países del mundo, y en ambos casos impulsan un falso debate, una impugnación de todo pensamiento que no concuerde con el propio, y eso se traduce en una agresividad que amenaza la convivencia ciudadana y deteriora gravemente el clima para intercambiar ideas”.

Al abordar el papel de la objetividad y de estos nuevos actores en un entorno polarizado, Salazar Zimmermann de Perú ofrece una reflexión literal muy aguda: “¿Objetividad versus ser tibios? No creo que ser objetivo implique ser tibio. Creo que la objetividad, por más que muchos ya no hablen de ella, por más que pueda ser imposible, debe seguir siendo deseable. Esto implica buscar varios lados de una historia, no comprometerse con un extremo. Eso hoy día es visto como ser tibio, sobre todo porque los algoritmos y las plataformas de redes sociales nos han acostumbrado a que quien más grita y quien más exagera tiene más posibilidades de ser escuchado...”. Y el ejecutivo agrega que el periodismo no debe ser activista: “El activismo tiene una agenda determinada, como sabemos, y el activista busca favorecer esa agenda determinada. O sea, la búsqueda de una agenda está reñida con la búsqueda de la verdad. Los streamers, como sabemos en muchos casos, no respetan necesariamente el método periodístico deseable de neutralidad. En el Perú, por ejemplo, la actual campaña presidencial está dejando pendiente a las autoridades regular la contratación de estas figuras como difusores de propaganda. Y consideremos también que los influencers políticos o militantes pueden luego postular a congresos que tienen mucha llegada”.

La irrupción de influencers y streamers no representa únicamente un cambio tecnológico. También modifica las formas de construcción de legitimidad pública.

Según el informe Journalism and Technology Trends and Predictions 2026, siete de cada diez ejecutivos de medios consideran que los creadores de contenido están capturando tiempo y atención que antes pertenecían a los medios tradicionales.

A diferencia de los medios periodísticos, los influencers construyen vínculos basados en la cercanía personal, la identificación emocional y la percepción de autenticidad. Su relación con las audiencias suele ser más directa y menos mediada por estructuras editoriales. El fenómeno adquiere especial relevancia en la comunicación política. Cada vez más dirigentes optan por conceder entrevistas a streamers, podcasters o creadores afines antes que enfrentar formatos periodísticos tradicionales caracterizados por la repregunta y la verificación independiente.

El Reuters Institute advierte que numerosos líderes políticos buscan comunicarse directamente con sus seguidores mediante plataformas digitales, reduciendo la intermediación periodística y debilitando el papel tradicional de los medios como fiscalizadores del poder.

Atrapados en medio de la crispación política, los ataques de trolls y la fatiga informativa, los ciudadanos eligen aislarse. El Reuters Institute documentó una marcada “evasión de noticias” y un desplome de la credibilidad. En Argentina, tras años de extrema polarización, el interés genuino por las noticias cayó del 77% en 2017 a solo el 42% en 2025, y la confianza general se estanca en el 32%. La preocupación ciudadana por la desinformación en línea alcanza al 59% en países como Colombia.

Como telón de fondo de este ecosistema fracturado se alza la inteligencia artificial generativa. A pesar de los temores respecto a la pérdida de fiabilidad humana o la generación de desinformación profunda (deepfakes), los medios intentan incorporarla, en algunos casos a regañadientes, ante la escasez de recursos. El informe proyecta caídas significativas del tráfico proveniente de buscadores a medida que los motores de búsqueda evolucionan hacia sistemas capaces de responder preguntas directamente mediante IA.

A este escenario se suma el pánico financiero frente a lo que en la industria ya bautizaron como el “Google Zero” o “Zero clic”. Según el informe Journalism and Technology Trends and Predictions 2026 del Reuters Institute, los editores esperan que el tráfico proveniente de los motores de búsqueda se desplome en promedio un 43 por ciento en los próximos tres años debido a la expansión de los resúmenes automáticos creados por inteligencia artificial (los llamados Answer Engines).

La crisis de visibilidad se agrava con la proliferación de lo que los expertos denominan “AI Slop” (basura de IA): un volumen inabarcable de contenido sintético y granjas de noticias falsas automatizadas. El fenómeno ha escalado a tal punto que, en Estados Unidos, los portales locales “zombies” generados por IA ya superan en número a los sitios web de noticias locales reales.

En el Congreso de la Asociación Mundial de Medios y Editores de Noticias (WAN-IFRA), el presidente y editor ejecutivo de The New York advirtió que las empresas de inteligencia artificial están violando leyes consolidadas y exhortó a las organizaciones de noticias a defender sus derechos para garantizar un futuro sostenible para el periodismo: “Su apropiación del debate público es posible gracias al pecado original que da vida a sus productos de IA: un descarado robo de propiedad intelectual que se ha producido a una escala sin precedentes”. Es una realidad que sufren medios de diferentes países y escalas.

El periodismo en América Latina asiste a una cruda reconfiguración donde la asfixia económica, la judicialización del oficio, la violencia letal amparada en la impunidad y la estigmatización constante patrocinada desde los Estados convergen para erosionar el derecho básico a la información.

La estrategia de supervivencia frente a la automatización parece estar en volver a las raíces humanas del oficio. Según las predicciones del Reuters Institute para 2026, la respuesta de los medios ante la amenaza de la IA es apostar por la “distinción”: priorizarán fuertemente las investigaciones originales y la reportería en el lugar de los hechos, el análisis contextual y las historias profundamente humanas, reduciendo drásticamente la producción de noticias generales que un chatbot puede replicar fácilmente. Al mismo tiempo, el 79% de los editores planea una mayor inversión en video y el 71% en formatos de audio y podcast, al considerar que son narrativas mucho más difíciles de mercantilizar por los agregadores artificiales.

Enfrentar esta “tormenta perfecta”, como bien lo indican los informes de 2025 y las alarmantes caídas de todos los indicadores de calidad y confianza en los medios, exigirá replantear de raíz tanto los modelos de resiliencia financiera a largo plazo como la defensa inclaudicable de las trincheras democráticas en el ámbito digital.

La historia del periodismo latinoamericano siempre estuvo atravesada por conflictos con el poder político, crisis económicas y transformaciones tecnológicas. Lo novedoso del escenario actual es la simultaneidad de todas esas amenazas: los gobiernos cuestionan la legitimidad de los medios, las plataformas digitales redefinen la distribución de la información, influencers y streamers capturan audiencias cada vez más amplias y la inteligencia artificial altera las reglas de producción y circulación de contenidos.

La supervivencia del periodismo ya no dependerá únicamente de encontrar nuevos modelos de negocio. También exigirá recuperar algo más difícil: la capacidad de convencer a las sociedades de que la información verificada sigue siendo un bien público indispensable en medio del ruido digital.