Qué se sabe del proceso de privatización de AySA
El Gobierno nacional formalizó la transferencia del 90% del capital social de la compañía al sector privado mediante una resolución; la operación de venta tiene un plazo máximo de ejecución de ocho meses
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LA NACION
El Gobierno inició formalmente el proceso de privatización de AySA. La medida se oficializó este martes con la publicación de la Resolución 1198/2025 en el Boletín Oficial. El Ministerio de Economía instruyó la transferencia del 90% de las acciones del Estado al sector privado. La decisión llega casi un mes después del anuncio de privatización del 23 de julio.
¿Cuáles son los pasos del proceso de privatización?
La normativa establece la modalidad de venta para la totalidad de las acciones de titularidad estatal. El Ministerio de Economía instruye a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas para coordinar todo el proceso. Esta unidad ejecutora deberá concretar la venta del paquete accionario en un plazo máximo de ocho meses.
También deberá adoptar las medidas para la venta en bolsas y mercados del país del remanente de acciones que no se transfieran a un operador estratégico. El Poder Ejecutivo resolvió que la medida no afecte la continuidad del servicio público de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales.
La Secretaría de Obras Públicas tiene la tarea de elaborar toda la documentación licitatoria. Esto incluye los aspectos técnicos, contractuales y el futuro contrato de concesión. La venta del paquete accionario se realizará a través de la plataforma CONTRAT.AR.
El decreto 494 de julio de 2025 autorizó la venta de al menos el 51% del total del paquete accionario a un operador estratégico. La selección se hará mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional. El resto de las acciones en poder del Estado se venderá en mercados y bolsas del país.
¿Cómo se determinará el valor de la empresa?
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas deberá contratar una entidad bancaria del sector público para realizar la tasación del paquete accionario de AySA. La normativa exige contar con una valuación realizada por organismos públicos nacionales, provinciales o municipales.
La resolución informa que el Tribunal de Tasaciones de la Nación se declaró “imposibilitado” de realizar una valuación total de la empresa en un plazo “razonable”. Por este motivo, se autoriza la contratación de organismos internacionales o entidades privadas para esta tarea. Las entidades que realicen la tasación no podrán participar en el procedimiento de selección del comprador.
¿Qué pasará con las acciones de los empleados?
El plan del Gobierno consiste en la incorporación de capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones que hoy pertenecen al Estado. El 10% restante del capital social de la compañía permanecerá en manos de sus trabajadores.
Esta participación se enmarca dentro del programa de propiedad participada que ya se encuentra vigente en la empresa. La propuesta de privatización no prevé la aplicación de un nuevo programa, por lo que los empleados de AySA continuarán como accionistas.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló un mes atrás que el objetivo es modernizar el sector y mejorar tanto el precio como la calidad del servicio para los usuarios. “Todo este proceso será regulado por la Comisión Nacional de Valores y ajustado a los estándares más altos nacionales e internacionales para garantizar la transferencia”, afirmó Adorni.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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