Alerta en la declaración de impuestos: el fallo judicial que permite al ICE rastrear direcciones a través del IRS
Un tribunal de apelaciones habilitó el traspaso de datos de contribuyentes hacia autoridades migratorias, con impacto directo en quienes utilizan ITIN
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LA NACION
Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos resolvió que el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) puede entregar direcciones de contribuyentes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Solo estará permitido cuando las autoridades migratorias las soliciten en el marco de investigaciones penales federales ajenas a cuestiones tributarias.
Tribunal autoriza al IRS a compartir domicilios con ICE
El fallo fue emitido el 24 de febrero de 2026 por el juez Harry T. Edwards, integrante del Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia, en el caso Centro de Trabajadores Unidos v. Bessent. La sentencia concluyó que la legislación federal vigente permite al organismo tributario compartir datos de identidad, incluida la dirección postal, con el ICE.
La organización comunitaria y de defensa de inmigrantes, Centro de Trabajadores Unidos, había iniciado la demanda para impedir esa práctica, al sostener que implicaba un cambio de política sin base legal y que comprometía la confidencialidad de los registros fiscales. El tribunal rechazó el pedido de una orden judicial preliminar y avaló la legalidad del mecanismo de intercambio de información.
La decisión se apoya en la Sección 6103 del Código de Impuestos Internos, que regula cuándo la información tributaria puede ser divulgada a otras agencias. Aunque la norma establece la confidencialidad como regla general, incluye excepciones para investigaciones criminales federales que no estén vinculadas a delitos fiscales.
Según la interpretación judicial, el apartado 6103(i)(2) autoriza la entrega de ciertos datos sin requerir autorización judicial previa. La corte consideró que la identidad del contribuyente, nombre y domicilio, no goza del mismo nivel de protección que la información financiera declarada.
Los magistrados sostuvieron que si el Congreso hubiera querido exigir una orden judicial para divulgar direcciones, lo habría establecido expresamente, tal como ocurre en otros incisos de la misma normativa. Por ello, concluyeron que la transferencia de domicilios puede realizarse mediante solicitudes administrativas formales.
Cómo funcionará el intercambio de datos entre IRS e ICE
El fallo también validó un memorando firmado en abril de 2025 entre el organismo tributario y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Este acuerdo establece el procedimiento mediante el cual las autoridades migratorias pueden solicitar domicilios de personas investigadas.
Para que la petición sea considerada válida, la entidad debe:
- Aportar datos concretos, como el nombre del contribuyente.
- Períodos fiscales relevantes.
- Una explicación de por qué la dirección es necesaria para una investigación penal federal.
- Identificar a los funcionarios responsables del caso.
El tribunal señaló que la ley no exige la intervención de un juez para este tipo de solicitudes. A diferencia de otras situaciones contempladas en el código tributario, basta con que la petición cumpla con requisitos formales y provenga de autoridades habilitadas.
Migrantes con ITIN podrían quedar expuestos tras el fallo
La entidad demandante advirtió que la decisión podría afectar a los migrantes que utilizan el Número de Identificación Personal del Contribuyente, conocido como ITIN, para presentar impuestos. Este mecanismo permite a personas sin número de seguro social cumplir con obligaciones fiscales.
“Los miembros de estas organizaciones que presentan impuestos con un número ITIN y enfrentan órdenes de deportación pendientes, se encuentran en peligro inmediato de que la información en sus declaraciones tributarias sea utilizada en su contra por las autoridades de inmigración”, se detalló en la demanda judicial.
Según el Centro de Trabajadores Unidos, esto generaría un riesgo de deportación para quienes confiaron en la confidencialidad del sistema tributario.
Durante el proceso judicial también se reveló que el IRS había transferido por error datos de decenas de miles de personas al DHS. Documentos presentados indicaron que algunas solicitudes fueron procesadas aun cuando contenían información incompleta o direcciones inválidas.
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