El proyecto de ley vetado por Katie Hobbs en Arizona para proteger a los migrantes que se atienden en hospitales

La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, bloqueó el 20 de febrero de 2026 el proyecto de ley SB1051, una propuesta que ya había superado el trámite legislativo en ambas cámaras estatales. La medida pretendía introducir un mecanismo obligatorio para que hospitales recopilaran información sobre la situación migratoria de los pacientes al momento de su ingreso.

La razón por la que Katie Hobbs vetó el proyecto de ley SB1051

"Hoy veté la SB1051. Esto no debería ser una sorpresa, ya que anteriormente ya había vetado esta legislación", dijo Hobbs en su mensaje oficial. La gobernadora señaló que las personas sin documentación no pueden inscribirse en el Sistema de Contención de Costos de Atención Médica de Arizona (Ahcccs, por sus siglas en inglés), el programa estatal equivalente a Medicaid, salvo casos de emergencia cubiertos por la normativa federal.

“La ley federal reconoce que todas las personas se enferman, lo que exige que los hospitales estadounidenses brinden atención de estabilización de emergencia a cada persona que la necesite, independientemente de su procedencia o de su capacidad de pago", agregó.

Otro punto señalado fue la prioridad legislativa. Hobbs cuestionó que se impulsaran medidas de este tipo mientras el sistema sanitario enfrenta ajustes vinculados a Medicaid. Según su evaluación, la propuesta no abordaba los desafíos estructurales del financiamiento de la salud pública.

“Desde Washington hasta Arizona, algunos políticos están impulsando la misma agenda peligrosa”, dijo la mandataria estatal sobre los recortes a la atención médica en una publicación reciente en X. “Esa agenda extrema no tiene cabida en Arizona”, agregó.

Antes de llegar al despacho de la gobernadora, el proyecto había sido aprobado por ambas cámaras del Poder Legislativo estatal. En el Senado obtuvo 17 votos a favor y 13 en contra, mientras que en la Cámara de Representantes fue avalado por 33 legisladores frente a 25 opositores.

El avance parlamentario reflejó un debate centrado en la recopilación de datos sobre costos hospitalarios y en la relación entre la política migratoria y los servicios públicos. Sin embargo, el veto impidió que la norma entrara en vigor.

Qué establecía el proyecto SB1051 vetado por Hobbs

La iniciativa fue impulsada principalmente por la senadora Wendy Rogers para crear un sistema obligatorio de registro y reporte sobre la condición migratoria de quienes reciben servicios médicos en el estado.

De acuerdo con el texto legal, uno de los puntos principales consistía en exigir a los hospitales que recibieran determinados fondos públicos, la inclusión de una sección específica en los formularios de ingreso. El paciente o su representante debía marcar una de las categorías migratorias disponibles:

• Ciudadano estadounidense
• Residente legal
• Persona sin autorización de permanencia en EE.UU.

La norma también requería aclarar que la respuesta no afectaría la asistencia ni generaría denuncias ante organismos de inmigración.

El proyecto contemplaba además la elaboración de reportes periódicos. Cada institución debía enviar al departamento de salud estatal un informe trimestral con el número de atenciones clasificadas según las respuestas obtenidas, incluso de quienes decidieran no contestar la pregunta.

Informes y análisis financiero previstos por la ley

La SB1051 incluía disposiciones destinadas a producir estadísticas oficiales sobre el uso del sistema sanitario por parte de distintos grupos poblacionales. Los hospitales no debían remitir datos personales identificables, pero sí cifras agregadas por categoría migratoria.

Con base en esa información, el departamento de salud tenía la obligación de preparar un reporte anual dirigido al gobernador y a los líderes legislativos. El documento debía evaluar el costo de la atención no compensada vinculada a pacientes sin estatus legal y su impacto en los recursos hospitalarios disponibles para el conjunto de la población.

La ley también buscaba medir cómo esos gastos podían influir en la capacidad de los centros para sostener servicios médicos. Según sus promotores, el objetivo era disponer de datos concretos para orientar decisiones presupuestarias y sanitarias futuras.

Reacciones políticas y sociales tras la decisión de Hobbs

Organizaciones vinculadas a la defensa de migrantes celebraron el rechazo al proyecto. El colectivo LUCHA Arizona sostuvo que la medida habría transformado a los hospitales en espacios de recopilación de información migratoria.

“La legislación antiinmigrante que buscaba fortalecer al ICE y convertir hospitales en centros de operaciones, ¡ha sido vetada!“, publicaron en Instagram. “Esta victoria comunitaria provino de quienes se presentaron para testificar y alzarse contra estos horribles proyectos de ley”, agregaron.

La senadora Rogers, quien impulsó el proyecto de ley, manifestó que el veto impedía contar con datos precisos sobre el uso del sistema hospitalario por parte de personas sin estatus legal. “Hobbs no tiene sentido”, dijo en redes sociales.

La decisión de Hobbs confirma la vigencia del marco federal que garantiza atención de emergencia universal en hospitales de EE.UU. También mantiene sin cambios el procedimiento actual de admisión de pacientes en Arizona, donde no existe obligación de declarar estatus migratorio para recibir asistencia médica inmediata.

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