En San Francisco: casi US$8 millones en créditos de PlayStation, el acuerdo que pondría en aprietos a Sony
La medida impactaría en aproximadamente 4,5 millones de cuentas elegibles; los usuarios alegan que la compañía eliminó la competencia en 2019 al prohibir la venta de descargas de juegos digitales por parte de distribuidores externos
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LA NACION
La empresa tecnológica japonesa Sony está cerca de llegar a un acuerdo histórico como parte de una demanda colectiva de usuarios que alegan que monopolizó el mercado de juegos en los últimos años. De concretarse, contempla la entrega de casi 8 millones de dólares en forma de créditos de PlayStation Network a aproximadamente 4,5 millones de cuentas elegibles.
El acuerdo que pondría en aprietos a Sony en EE.UU.
La jueza federal Araceli Martínez-Olguín otorgó el jueves pasado una aprobación preliminar a un acuerdo entre Sony Interactive Entertainment, la corporación creadora de la PlayStation, y un grupo de demandantes compuesto por usuarios de la consola. La denuncia fue presentada en San Francisco, California.
En la presentación, los denunciantes acusaron a la compañía de monopolizar el mercado al prohibir en 2019 la venta de descargas de juegos digitales por parte de distribuidores externos. Con esta medida, la compañía tecnológica habría eliminado la competencia para ubicar a la tienda digital de PlayStation como el único lugar disponible para adquirir los productos.
Según las declaraciones de los usuarios, esta acción los obligó a pagar precios más altos. El demandante principal fue Agustín Caccuri, quien compró una PS5 Digital Edition, que no tiene lector de discos y solo funciona con las versiones digitales.
El acuerdo incluye una compensación de US$7.850.000 en forma de créditos de PlayStation Network. Estos se distribuirían directamente a las cuentas de cada uno de los miembros del grupo demandante. De acuerdo con Courthouse News, hay aproximadamente 4,5 millones de cuentas que pueden recibir pagos.
Quiénes pueden recibir los casi US$8 millones en créditos de PlayStation
El documento judicial indica que las personas que pueden recibir parte del dinero corresponden a quienes residen en Estados Unidos y compraron a través de PlayStation Store uno o más videojuegos para los cuales había un cupón específico para el juego (“GSV”), disponible en tiendas físicas antes del 1° de abril de 2019.
Además, el voucher debe haber sido utilizado al menos 200 veces antes del 1° de abril de 2019, y el precio final del juego debe haber aumentado al menos US$0,50 entre la fecha mencionada y el 31 de diciembre de 2023.
El monto final que recibirá cada persona se determinará en función de la cantidad de compras elegibles que hayan realizado durante el período establecido. El acuerdo abarca aproximadamente 103 juegos.
Según las estimaciones, la indemnización para cada miembro del grupo oscilará entre US$0,91 y US$33,66, con una media estimada de US$1,14.
A su vez, los abogados demandantes exigieron casi US$2 millones para cubrir los honorarios legales, junto con US$670 mil para los costos del litigio. Para este fin, argumentaron que habían invertido aproximadamente 13.700 horas en el litigio, que comenzó en 2021.
Qué pasará con el acuerdo histórico que pondría en aprietos a Sony en EE.UU.
Luego de otorgar la aprobación preliminar, la jueza federal indicó a las partes que esperaran una nueva orden en un plazo de 14 días. Se prevé que la fecha de aprobación final sea aproximadamente 180 días después de que se emita la nueva decisión judicial.
Anteriormente, el caso ya fue noticia en los medios. En enero, Martínez-Olguín rechazó una propuesta de Sony debido a un problema con el plan de pagar a los miembros del grupo con créditos de PlayStation.
Además, en julio de 2025, se negó a aprobar un acuerdo debido a que consideró que era más parecido a una compensación en cupones y no incluía un rango estimado de recuperación. De acuerdo con Reuters, en aquel entonces Sony afirmó que llegaba a un acuerdo para evitar los gastos y las distracciones que supondría un litigio prolongado. En ese sentido, negó haber cometido irregularidad alguna.
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