Noticias de Florida: la ley HB 1451 que DeSantis firmó y favorecerá las cuentas de millones de familias

Los hogares de Florida podrían acceder a mayor transparencia sobre los costos de servicios públicos gracias a la ley HB 1451, una norma firmada por Ron DeSantis que modifica reglas sobre acuerdos municipales, reportes anuales y tarifas para usuarios fuera de los límites de una ciudad. La mayor parte de la legislación entrará en vigor el 1° de julio de 2027.

La legislación, denominada “Utility Services”, apunta a ordenar la relación entre los municipios que prestan servicios públicos y los residentes que viven fuera de sus límites territoriales. Además, obliga a las autoridades locales a ofrecer información sobre los cargos que aplican y a justificar las diferencias tarifarias que existan entre distintos grupos de usuarios.

Uno de los principales cambios que introduce la HB 1451 es la obligación de formalizar por escrito cualquier nuevo acuerdo, así como las extensiones, renovaciones o modificaciones importantes de contratos existentes relacionados con la prestación de servicios públicos.

La norma alcanza a los servicios de electricidad, agua, gas natural y alcantarillado cuando un municipio los ofrece a otras ciudades, a zonas no incorporadas o a propietarios ubicados fuera de sus propios límites.

Además, estos acuerdos no podrán entrar en vigencia de manera automática. Antes de que eso ocurra, será obligatorio realizar reuniones públicas para que los ciudadanos conozcan los detalles y puedan expresar sus opiniones.

De acuerdo con el texto oficial de la ley, esos encuentros deberán celebrarse en cada una de las localidades involucradas y tendrán el objetivo de informar a la población sobre las condiciones del servicio y recopilar comentarios de los usuarios.

En esas reuniones se abordarán, entre otros temas:

• La naturaleza de los servicios que se prestarán o los cambios que se introducirán.
• Las tarifas, cargos y facturas que deberán pagar los consumidores.
• Las diferencias de precios entre quienes viven dentro y fuera de los límites municipales.
• La duración prevista de esas diferencias tarifarias.
• El destino que tendrán los ingresos obtenidos por la prestación de los servicios.
• Cualquier otro asunto que las partes consideren relevante.

La medida fue presentada al gobernador el 9 de junio de 2026 y recibió la aprobación oficial el 11 de junio. Según el texto de la ley, la mayor parte de sus disposiciones entrará en vigor el 1° de julio de 2027, aunque algunas secciones comenzarán a aplicarse antes.

Uno de los puntos más relevantes de la legislación se refiere a los consumidores que reciben agua o servicios de alcantarillado fuera de los límites municipales.

Hasta ahora, los municipios contaban con mayor margen para aplicar recargos adicionales. Con la nueva normativa, se establecen límites para evitar incrementos desproporcionados.

Para las áreas fuera de los límites municipales atendidas por servicios de agua o alcantarillado, la ley elimina el recargo autorizado del 25% y reduce el tope de diferencia tarifaria de 50% a 25% por encima de las tarifas cobradas dentro del municipio. Sin embargo, permite mantener ciertos recargos cuando sean necesarios para cumplir convenios de deuda vigentes, siempre que esos cargos existieran dentro de los plazos previstos por la norma y sean eliminados gradualmente.

La normativa también incorpora un sistema de rendición de cuentas a nivel estatal. A partir del 1° de enero de 2027 y todos los años posteriores, cada municipio que preste servicios fuera de sus límites deberá presentar un informe ante la Florida Public Service Commission.

Ese reporte deberá incluir información específica sobre cada uno de los servicios ofrecidos. Entre los datos obligatorios figuran:

• La cantidad y el porcentaje de usuarios que reciben servicios fuera de la ciudad.
• El volumen de ventas realizadas a esos clientes.
• Los ingresos brutos obtenidos.
• Las diferencias tarifarias entre residentes y no residentes.
• El porcentaje de recursos destinados a financiar actividades gubernamentales ajenas a los servicios públicos.
• El porcentaje del presupuesto municipal no relacionado con servicios que se financia con esos ingresos.

Las municipalidades que incumplan con la presentación de estos informes estarán sujetas a sanciones previstas por la legislación estatal.