Miami-Dade le exige al Congreso proteger el TPS de venezolanos, cubanos y nicaragüenses
La alcaldesa, Daniella Levine Cava, sostuvo que los migrantes forman parte del tejido social de su condado y pidió una solución a largo plazo
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LA NACION
La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, elevó un contundente pedido al Congreso de Estados Unidos para que actúe con urgencia y garantice la continuidad del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para miles de inmigrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua.
El llamado urgente desde Miami-Dade para sostener el TPS de los latinos
- De acuerdo con el comunicado oficial emitido el 30 de marzo de 2026 por la Oficina de la Alcaldesa de Miami-Dade, Levine Cava instó a los legisladores federales a intervenir de inmediato para preservar este beneficio migratorio.
- En su carta dirigida al Congreso, la funcionaria subrayó que cientos de miles de personas viven actualmente “con miedo e incertidumbre” ante la posibilidad de perder su estatus legal.
La alcaldesa remarcó que el sur de Florida representa uno de los principales centros de comunidades inmigrantes en Estados Unidos, con una destacada presencia de ciudadanos provenientes de los países involucrados.
En ese sentido, destacó que estos residentes no solo encontraron refugio, sino que también construyeron una vida estable, al formar familias, crear negocios y aportar de manera significativa al desarrollo económico local.
“El Congreso debe actuar ahora para proteger y extender el TPS”, expresó Levine Cava en su mensaje, en el que además enfatizó que los beneficiarios de este programa forman parte esencial del tejido social del condado. Según sostuvo, se trata de trabajadores en sectores clave como la salud, la educación, la construcción y los servicios, cuya contribución resulta indispensable.
El impacto potencial de perder el TPS para los residentes de Miami
En el mismo comunicado, la alcaldesa advirtió que la eliminación o reducción del TPS tendría consecuencias graves y generalizadas. Miami-Dade alberga a más de 130 mil beneficiarios de este estatus y a sus familiares ciudadanos estadounidenses, por lo que cualquier cambio abrupto podría desestabilizar no solo a estas familias, sino también al funcionamiento económico y social de la región.
Entre los efectos más preocupantes mencionados se encuentran:
- La pérdida de estabilidad laboral en sectores esenciales
- La sobrecarga de los servicios sociales locales
- La separación de familias mixtas
- El aumento de la vulnerabilidad social y económica
Levine Cava señaló que estas personas “hicieron todo lo que se les pidió”, al cumplir con las normativas legales y contribuir activamente a la sociedad, por lo que consideró injusto que enfrenten ahora la posibilidad de perder su protección.
Condiciones en los países de origen: para la alcaldesa de Miami, empeoraron
La carta también pone el foco en la situación actual de los países cuyos ciudadanos se benefician del TPS. Según la alcaldesa, las condiciones que motivaron originalmente la designación de este estatus no solo persisten, sino que en muchos casos empeoraron. Según sostuvo la alcaldesa:
- En Venezuela, por ejemplo, se menciona la continuidad de un régimen que reprime a su población y generó una de las mayores crisis migratorias del hemisferio occidental.
- En Nicaragua, se denuncia la persecución de opositores y la pérdida de derechos civiles.
- En Cuba, la represión de protestas y la limitación de libertades siguen siendo una constante.
- Mientras tanto, Haití enfrenta una combinación de violencia de pandillas, inestabilidad política y pobreza extrema.
Qué pide concretamente Miami-Dade
En su solicitud al Congreso, la alcaldesa detalló una serie de medidas que considera indispensables para abordar la situación de manera integral. Entre ellas, se destacan:
- La aprobación de una legislación que extienda de forma permanente el TPS para Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití.
- La creación de un camino hacia la residencia permanente para quienes llevan años establecidos en Estados Unidos.
- La suspensión inmediata de cualquier intento administrativo de cancelar o reducir el TPS.
- La inclusión de gobiernos locales en el debate sobre políticas migratorias.
Estas acciones, según el comunicado, permitirían ofrecer una solución “duradera, humana y legalmente sólida” a una problemática que afecta a millones de personas en todo el país.
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