Chicago desafía a Trump: el alcalde Brandon Johnson firma orden para resistir la ofensiva migratoria federal

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ha dado un paso decisivo en la confrontación con la administración del presidente Donald Trump, al firmar una orden ejecutiva este sábado. La medida, de carácter preventivo, establece los planes iniciales sobre cómo la ciudad intentará resistir una ofensiva migratoria que, según reportes, el gobierno federal planea desplegar en los próximos días. Esta acción subraya la creciente tensión entre las ciudades lideradas por demócratas y la Casa Blanca en temas de inmigración y seguridad.

En Chicago: qué dice la orden ejecutiva de Brandon Johnson

La orden del alcalde Johnson proporciona orientación y directrices claras a las agencias municipales y a las fuerzas del orden de Chicago, en lo que describe como “en medio de la creciente amenaza del gobierno federal”. La cadena CNN había informado previamente que la administración Trump se prepara para llevar a cabo un importante operativo de control migratorio en Chicago la próxima semana, citando a varias fuentes familiarizadas con la planificación. Este anuncio ha generado una rápida respuesta por parte de las autoridades locales, que buscan blindar la ciudad ante una intervención federal percibida como invasiva y potencialmente inconstitucional.

Uno de los pilares fundamentales de la orden ejecutiva del alcalde Johnson es la prohibición explícita de la colaboración entre la policía de Chicago y los agentes federales en ciertas actividades. La orden “afirma” que la policía local no “colaborará con agentes federales en patrullas policiales conjuntas, operaciones de arresto u otras tareas de aplicación de la ley, incluida la aplicación de la ley de inmigración civil”. Esta directriz es crucial para una ciudad como Chicago, que se ha declarado santuario, y busca proteger a sus residentes, incluidos los inmigrantes indocumentados, de la aplicación de leyes migratorias por parte de las fuerzas locales. La no colaboración en la aplicación de la ley de inmigración civil es un punto clave que busca limitar el alcance de cualquier operación federal dentro de los límites de la ciudad.

Las directrices de Brandon Johnson a la policía en Chicago

Además de establecer límites a la cooperación, la orden de Johnson impone requisitos específicos a los agentes federales de policía que operen en Chicago. Se les insta a abstenerse de usar mascarillas, a utilizar cámaras corporales y a identificarse ante el público con su nombre y número de placa. Estas exigencias buscan garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de las fuerzas federales, un punto de fricción recurrente en operativos similares. En un esfuerzo por diferenciar claramente a las fuerzas locales de las federales, Johnson reiteró que la policía de la ciudad deberá usar un uniforme que los identifique de manera inequívoca, reforzando la autonomía y la identidad de la policía de Chicago.

La orden ejecutiva del alcalde va más allá de las directrices operativas, al instruir a los departamentos de la ciudad a “ejercer todas las vías legales y legislativas disponibles para resistir los esfuerzos coordinados del gobierno federal” que, a su juicio, violan los derechos de los habitantes de Chicago. Esta disposición abre la puerta a posibles acciones legales y legislativas por parte de la ciudad para contrarrestar cualquier movimiento de la administración Trump que considere una extralimitación de poder. La defensa de los derechos de los ciudadanos se convierte así en un eje central de la estrategia de resistencia de la ciudad.

En su punto más ambicioso, la orden del alcalde exige en última instancia que el presidente Trump “deje de desplegar fuerzas militares en Chicago para controlar la inmigración”. Sin embargo, el alcance y la efectividad de esta demanda para detener los planes de la Casa Blanca son inciertos. Esta confrontación marca el último esfuerzo de las ciudades lideradas por demócratas para contrarrestar lo que perciben como ataques y extralimitaciones de la administración Trump. La medida de Chicago coincide con la señal de Trump de expandir sus esfuerzos policiales, que ya se han visto en Los Ángeles y Washington, D.C., a ciudades de todo el país, intensificando la disputa entre el gobierno federal y las autoridades locales.

CNN había informado previamente que los planes del gobierno para Chicago serían diferentes a la actual represión policial observada en la capital del país. Se espera que, en cambio, se asemejen al despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, ordenado por Trump en junio, con el objetivo de sofocar las protestas migratorias. Es importante destacar que Trump enfrenta actualmente un recurso legal por dicho despliegue en Los Ángeles, lo que añade una capa de complejidad y precedentes a la situación de Chicago.

A principios de esta semana, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para establecer “unidades especializadas” en la Guardia Nacional, con el propósito declarado de combatir la delincuencia en las ciudades. No obstante, la forma en que estas unidades funcionarán en la práctica aún no está clara. Cabe señalar que la Guardia Nacional ya cuenta con fuerzas de reacción diseñadas para responder a incidentes que requieran apoyo policial o de seguridad en cada estado, territorio y el Distrito de Columbia, lo que plantea interrogantes sobre la necesidad y la operatividad de estas nuevas “unidades especializadas”.

La posibilidad de que Trump utilice ciertos poderes presidenciales para desplegar la Guardia Nacional y agencias policiales federales en ciudades estadounidenses representa una medida sin precedentes. Algunos expertos legales y líderes locales han sostenido que tal acción sería ilegal y una extralimitación de la autoridad federal sobre la soberanía local. Esta perspectiva legal y constitucional es un punto central en el debate actual.

El alcalde Johnson ya había condenado el posible plan de Trump de desplegar tropas federales en la tercera ciudad más grande de Estados Unidos. En una entrevista con Anderson Cooper de CNN el lunes, Johnson fue enfático: “Esto es claramente inconstitucional. Es ilegal y costoso”. Y añadió, cuestionando la efectividad de la medida para la seguridad ciudadana: “¿Hay más trabajo por hacer? Claro que sí. ¿Es enviar tropas militares a las ciudades una forma de impulsar la seguridad comunitaria? Rotundamente no”. CNN se comunicó con la Casa Blanca para solicitar comentarios sobre las órdenes ejecutivas de Johnson, aunque no se ha proporcionado una respuesta en el material disponible.

Las críticas de J. B. Pritzker a la ofensiva migratoria de Trump

El gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker, también ha criticado duramente a Trump por sugerir el despliegue de fuerzas federales en Chicago. A principios de esta semana, en una conferencia de prensa, Pritzker acusó al gobierno federal de “buscar maneras de sentar las bases para evadir nuestra democracia, militarizar nuestras ciudades y anular las elecciones”. El gobernador cuestionó la lógica detrás de la acción federal si el objetivo fuera realmente combatir la delincuencia: “Si realmente se trataba de combatir la delincuencia y hacer las calles más seguras, ¿qué justificación podría tener la Casa Blanca para planificar una acción tan excepcional sin ninguna conversación ni consulta con el gobernador, el alcalde ni la policía?”.

En contraste con las posturas de Johnson y Pritzker, el vicepresidente J.D. Vance ofreció una perspectiva diferente el jueves durante una visita a LaCrosse, Wisconsin. Vance afirmó que la administración busca que los gobernadores y alcaldes “pidan ayuda”. En referencia a Chicago, Vance manifestó: “No estamos muy lejos de Chicago. Chicago ha tenido muchos problemas de delincuencia. ¿Por qué hay alcaldes y gobernadores más enojados por la oferta de ayuda de Donald Trump que por el hecho de que sus propios residentes sean víctimas de robos de vehículos y asesinatos en las calles? No tiene ni un ápice de sentido”. Estas declaraciones del vicepresidente reflejan la narrativa de la administración Trump, que enmarca sus acciones como un esfuerzo necesario para abordar la criminalidad en las ciudades, a pesar de la resistencia de las autoridades locales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

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