Golpe a J.B. Pritzker: EE.UU. demanda a Illinois por sus beneficios y ayudas para estudiantes indocumentados
El Departamento de Justicia busca terminar con los programas estatales que facilitan el acceso a la educación superior de jóvenes con estatus migratorio irregular
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LA NACION
El gobierno de Donald Trump llevó a Illinois a los tribunales y puso en la mira al gobernador J.B. Pritzker por las leyes locales que otorgan beneficios educativos a estudiantes indocumentados. A través de una demanda federal, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) cuestionó la validez de dos programas que permiten que extranjeros sin papeles accedan a becas y matrículas estatales, por considerar que violan la Constitución y contradicen la política migratoria nacional.
Illinois enfrenta demanda federal por leyes DREAM y RISE que benefician a estudiantes indocumentados
La presentación judicial se realizó en un tribunal del Distrito Sur de Illinois. Allí, el DOJ aseguró que los programas estatales DREAM y RISE contradicen la legislación federal de inmigración y vulneran la cláusula de supremacía de la Constitución.
La Ley de Alivio para el Desarrollo y Educación para Menores Extranjeros (Dream, por sus siglas en inglés), vigente desde 2011, se creó para otorgar becas, planes de ahorro universitario y programas de matrícula prepagada a estudiantes sin estatus legal que egresaron de escuelas secundarias en La Tierra de Lincoln.
Ocho años después, en 2019, la legislatura estatal aprobó la Ley de Retención de Estudiantes de Illinois y Equidad (RISE, por sus siglas en inglés), que abrió la posibilidad de acceder a ayuda financiera estatal para alumnos que, por su situación migratoria, no califican para recibir asistencia federal, consignó Court House News.
Para el gobierno de Trump, ambas medidas otorgan un trato de privilegio por parte del estado de Illinois a quienes residen en el país norteamericano sin autorización, lo que representa un conflicto con la normativa nacional.
DOJ: por qué cuestiona becas y matrículas para migrantes en Illinois
El fiscal federal Steven D. Weinhoeft, en una declaración conjunta con la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, fue tajante: “Illinois parece querer ganar la carrera hacia el abismo como el principal estado santuario de EE.UU.”.
Según argumentó, este “enfoque erróneo” del estado “trata a los inmigrantes indocumentados mejor que a los ciudadanos estadounidenses que viven en otros estados", al tiempo que “incentiva aún más la inmigración ilegal, todo a costa del contribuyente”. Además, remarcó que “los ciudadanos de Illinois merecen algo mejor”.
El DOJ basó parte de su demanda en dos órdenes ejecutivas firmadas por Trump, cuyo objetivo es garantizar que los residentes sin estatus legal no reciban trato preferencial.
Bondi lo expresó en un comunicado: “Según la ley federal, las escuelas no pueden brindar a los inmigrantes indocumentados beneficios que no ofrecen a los ciudadanos estadounidenses. El Departamento de Justicia ya presentó múltiples demandas para evitar que los estudiantes estadounidenses sean tratados como ciudadanos de segunda clase. Illinois se une ahora a la lista de estados donde luchamos incansablemente para reivindicar la ley federal”.
Illinois bajo presión: Trump intensifica demandas contra leyes migratorias
El enfrentamiento entre Washington e Illinois no comenzó con esta demanda. Meses antes, el DOJ denunció al estado, al condado de Cook y a la ciudad de Chicago por las leyes santuario, que restringen la colaboración de las autoridades con la policía migratoria.
Ese proceso se centró en la Ley de Adelanto de Illinois, las Leyes TRUST y la Ordenanza de Ciudad Acogedora de Chicago, que prohíben a funcionarios locales compartir información sobre el estatus migratorio o de custodia de una persona con las agencias federales. Sin embargo, en julio un juez desestimó la causa por considerar que carecía de fundamentos y que se trataba de una “evasión de la Décima Enmienda”.
El estado también apareció en otra demanda en mayo, cuando el Departamento de Justicia cuestionó una ley de privacidad laboral que, según sus argumentos, interfiere con la autoridad federal en temas migratorios.
Estos casos se suman a una estrategia más amplia de la administración Trump, que utiliza los tribunales como herramienta para frenar políticas estatales consideradas por el mandatario como permisivas con los inmigrantes.
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