Más de 150.000 hogares podrían perder el SNAP desde el 1° de mayo: quiénes quedan afuera en Illinois

A partir del 1° de mayo, unas 150.000 familias de Illinois podrían quedarse sin acceso a la asistencia federal para alimentos del programa SNAP, en medio de los cambios impulsados por la ley federal conocida como “One Big Beautiful Bill Act”. La modificación de requisitos de elegibilidad y nuevas exigencias laborales comienzan a afectar a miles de beneficiarios, especialmente inmigrantes y adultos sin dependientes.

Qué cambió la nueva ley federal y cómo afectó el SNAP en Illinois

Según Capitol News Illinois, la preocupación crece porque para muchas personas el programa Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) representa la diferencia entre poder comprar comida sin problemas o tener que elegir entre pagar el alquiler, comprar medicamentos o alimentar a sus hijos.

La legislación federal H.R. 1, impulsada durante el gobierno de Trump y aprobada en julio pasado, introdujo cambios significativos en el acceso al SNAP.

Las nuevas reglas impactan en dos grandes grupos:

• Algunos inmigrantes que antes calificaban para recibir asistencia alimentaria;
• Adultos físicamente aptos sin dependientes que ahora deben cumplir requisitos laborales más estrictos.

Las nuevas exigencias de trabajo comenzaron a regir el 1° de febrero. Quienes no puedan demostrar que cumplen con esas condiciones solo podrán recibir beneficios de SNAP durante tres meses dentro de un período de tres años. Mayo será el primer mes en que muchos hogares perderán formalmente esa ayuda.

Además, desde el 1° de abril, la elegibilidad migratoria también se redujo. Ahora, únicamente pueden recibir SNAP:

• Residentes permanentes legales
• Ciertos inmigrantes provenientes de Cuba y Haití
• Personas que viven en EE.UU. bajo un Compact of Free Association, acuerdo de trabajo y comercio con Islas Marshall, Micronesia y Palaos

Esto dejó afuera a varios grupos que antes sí podían acceder, entre ellos:

• Refugiados
• Solicitantes de asilo
• Algunas víctimas de trata de personas
• Sobrevivientes de violencia doméstica
• Otros grupos migratorios protegidos según su lugar de origen

Más de 250 mil hogares afectados en Illinois: casi la mitad desde mayo

La nueva coalición Save our SNAP, integrada por más de 85 grupos religiosos, organizaciones sociales, bancos de alimentos y entidades de salud y servicios humanos, advirtió que el problema podría ser masivo.

De acuerdo con sus datos, citados por Capitol News, más de 250.000 hogares de Illinois están afectados por los cambios introducidos por H.R. 1. De ese total, 150.000 aún no presentaron la documentación necesaria para demostrar horas de trabajo, capacitación, voluntariado o alguna exención válida para conservar el beneficio.

En febrero de 2026, casi un millón de hogares del estado recibieron asistencia SNAP. Esa cifra representa una baja frente a febrero de 2025.

Los tres proyectos de ley que buscan reemplazar la ayuda perdida

La coalición Save our SNAP impulsa actualmente tres proyectos legislativos en el Senado estatal para amortiguar el impacto de la pérdida de beneficios.

Se trata de los proyectos SB 3277, SB 3276 y SB 3167, todos todavía en análisis dentro de comisiones del Senado. Aunque sus versiones en la Cámara de Representantes no avanzaron dentro del plazo previsto, eso no significa que hayan quedado definitivamente descartadas.

• SB 3277: crearía el programa Families Receiving Emergency Support for Hunger, destinado a otorgar pagos únicos de US$600 a familias que hayan sufrido una pérdida total o parcial de SNAP debido a los nuevos requisitos laborales.
• SB 3167: busca ampliar la elegibilidad del programa estatal para víctimas de trata, tortura y otros delitos graves, de modo que ciertos inmigrantes que ya no califican para SNAP por las nuevas reglas migratorias puedan recibir asistencia.
• SB 3276: crear un grupo de trabajo de respuesta al SNAP que analice los efectos concretos de H.R. 1 sobre los beneficiarios de Illinois. Su objetivo sería recopilar datos, estudiar la tasa de errores del sistema y presentar un informe a la Asamblea General con recomendaciones para reducir el daño provocado por la pérdida de fondos federales.

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