Actualizaciones recientes del TPS y leyes migratorias en EE.UU. en febrero 2026

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) atraviesa un momento decisivo en Estados Unidos. Con una sucesión de anuncios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), resoluciones judiciales en distintos estados y fallos de la Corte Suprema, febrero de 2026 encuentra a miles de migrantes pendientes de fechas límite, apelaciones y órdenes que cambian el rumbo de su permanencia legal.

El caso haitiano refleja un complejo ida y vuelta entre el Ejecutivo y la Justicia. El 1° de julio de 2025 se informó el fin del TPS para Haití con efecto el 2 de septiembre del mismo año, explicó la organización Forum Together.

No obstante, el 15 de julio un juez federal en Nueva York bloqueó la medida contra los haitianos hasta el 3 de febrero de 2026, lo que restableció la fecha fijada previamente. El juez federal Edward Chen también dictó una orden que impedía la cancelación hasta esa misma fecha.

El 28 de noviembre de 2025, el DHS publicó un aviso federal que establecía el 4 de febrero de 2026 como nueva fecha de finalización. En ese documento, el propio departamento reconoció que, “en cumplimiento con la sentencia final del Tribunal de Distrito del Este de Nueva York, el actual período de designación del TPS para Haití finaliza el 3 de febrero de 2026”.

No obstante, el 2 de febrero de 2026, dos días antes del vencimiento previsto, un juez federal en Washington D.C. ordenó suspender indefinidamente la terminación. El magistrado consideró que la decisión fue “arbitraria y caprichosa” y violó la Ley de Procedimiento Administrativo al no evaluar adecuadamente las condiciones peligrosas en Haití.

Según comunicó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), el DHS manifestó su desacuerdo y trabaja junto al Departamento de Justicia para definir los próximos pasos.

El pasado 10 de febrero, un tribunal de apelaciones abrió la puerta a la deportación de migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal que contaban con TPS. La resolución dejó en suspenso la orden previa que había anulado la terminación del programa para estos países, lo que permitirá al gobierno proceder mientras se tramita la apelación.

El TPS protegió a más de 51.000 hondureños y 3000 nicaragüenses que llegaron tras el huracán Mitch en 1998, así como a unos 7000 nepalíes después del terremoto de 2015. AFP recordó que históricamente los presidentes renovaban el estatus en lugar de revocarlo, pero la actual administración prometió una campaña de deportaciones masivas.

La secretaria Noem insistió en que “el TPS nunca se diseñó para ser permanente” y sostuvo que la mejoría de las condiciones en esos países permite el retorno seguro de sus ciudadanos.

En paralelo, Uscis explicó cómo se desarrolló el proceso hasta esta decisión:

• Honduras: la designación terminó el 8 de septiembre de 2025, aunque el 31 de diciembre de 2025 un juez del Distrito Norte de California anuló la decisión.
• Nicaragua: la terminación también estaba prevista para el 8 de septiembre de 2025 y fue igualmente anulada por el mismo tribunal.
• Nepal: la finalización fijada para el 5 de agosto de 2025 fue dejada sin efecto por una orden judicial del 31 de diciembre de 2025.

Pese a esas decisiones, el reciente fallo del tribunal de apelaciones permite avanzar con el proceso mientras continúan los recursos.

Las actualizaciones oficiales difundidas por Uscis detallan otros cambios relevantes:

• Somalia: el 13 de enero de 2026 se decidió terminar el TPS; los beneficios finalizarán el 17 de marzo de 2026.
• Etiopía: la terminación fue decidida el 12 de diciembre de 2025 y los beneficios concluirán el 13 de febrero de 2026.
• Myanmar (Birmania): la designación finalizó el 26 de enero de 2026, aunque un juez en Illinois postergó la decisión.
• Sudán del Sur: el TPS estaba previsto para terminar el 5 de enero de 2026, pero un juez en Massachusetts suspendió la medida el 30 de diciembre de 2025.

En cada uno de estos casos, el DHS afirmó haber revisado las condiciones de cada país y consultado con agencias gubernamentales antes de concluir que ya no se cumplen los requisitos legales para mantener la protección.