Adiós a los descuentos de internet y el teléfono: el nuevo revés para migrantes indocumentados en EE.UU.

Miles de hogares de bajos ingresos en Estados Unidos podrían enfrentar nuevas verificaciones para acceder al programa de telefonía e internet Lifeline, luego de que la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) concluyera que ese subsidio debe cumplir con más restricciones migratorias. La interpretación puede limitar el acceso de personas que no sean ciudadanos estadounidenses o “extranjeros calificados”, en la definición federal.

La conclusión legal gira alrededor de la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades Laborales de 1996 (Prwora, por sus siglas en inglés), una norma que limita el acceso de personas sin ciertos estatus migratorios a beneficios públicos federales. Según el comunicado oficial, distintas dependencias aplicaron durante años interpretaciones más amplias de las que debían.

El DOJ sostiene que algunas agencias federales dejaron fuera de las restricciones migratorias a programas que sí requerían estar alcanzados por la norma de 1996. Con esta nueva opinión, el Departamento de Justicia afirma que esas excepciones administrativas no pueden usarse para permitir el acceso a beneficios públicos federales cuando el Congreso ya fijó límites por estatus migratorio.

Así, ciertas categorías migratorias antes consideradas elegibles para ciertos apoyos perderían acceso bajo la nueva interpretación. El objetivo, según el DOJ, es evitar que beneficios públicos federales lleguen a personas que no cumplen con los requisitos migratorios establecidos por la ley Prwora.

Lifeline es un programa federal de la Comisión Federal de Comunicaciones que ofrece descuentos mensuales en servicios de telefonía, banda ancha o paquetes combinados para hogares elegibles de bajos ingresos. El apoyo comenzó en 1985 para garantizar acceso a comunicación básica y actualmente se aplica mediante reembolsos a proveedores participantes.

El acceso depende de ingresos familiares o participación en otros apoyos públicos federales. La entidad explica que Lifeline solo permite un beneficio por hogar y exige verificación periódica de elegibilidad. Debido a que opera con financiamiento público federal, especialistas legales relacionan el programa con las restricciones migratorias contempladas en la ley Prwora de 1996.

El Congreso de EE.UU. aprobó la ley de Prwora en 1996 como parte de una reforma nacional sobre asistencia pública. La legislación creó límites para que personas sin ciertos estatus migratorios accedieran a beneficios financiados con recursos federales.

La ley también introdujo el concepto de “qualified alien”, categoría que define qué grupos migratorios pueden solicitar determinados apoyos públicos. Desde entonces, distintas agencias federales interpretaron de manera diferente qué programas entraban dentro de la definición de “Federal public benefit”, situación que provocó debates legales durante décadas. Con la nueva opinión, el DOJ sostiene que Lifeline debe tratarse como un beneficio público federal sujeto a esas restricciones migratorias.

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