Es mexicano en California, fingía ser agente de la Patrulla Fronteriza y saboteaba redadas del ICE: se declaró culpable

Un ciudadano mexicano sin estatus migratorio regular en Estados Unidos reconoció ante un tribunal federal haber fingido ser integrante de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para interferir en procedimientos vinculados a deportaciones. El imputado, identificado como Jaime Ernesto Álvarez-González, también aceptó cargos por tenencia ilegal de armas de fuego.

Jaime Ernesto Álvarez-González enfrentará varios cargos federales derivados de una investigación multidistrital relacionada con la personificación de oficiales federales y la posesión ilegal de armas. Uno de los hechos centrales ocurrió el 8 de enero. De acuerdo con la denuncia, el mexicano de 53 años circulaba en una camioneta modificada para aparentar ser un vehículo oficial y siguió a un agente en funciones.

El rodado, una Ford F-150 negra, contaba con elementos que imitaban equipamiento policial, como luces, antenas y distintivos visuales. También tenía objetos visibles que reforzaban la apariencia de autoridad.

El agente seguido interpretó que se trataba de otro funcionario federal y alteró su recorrido como medida preventiva. Este tipo de situaciones forma parte de protocolos destinados a evitar interferencias entre fuerzas de seguridad.

La causa describió que el acusado utilizaba accesorios y ropa asociados a fuerzas federales, además de portar identificaciones falsas. Entre los elementos secuestrados, se incluyen:

• Marcos de matrícula con la leyenda “Federal truck”.
• Placas con gráficos de la “Asociación de sheriffs de Texas“.
• Placas y marcos con logotipos de la CIA, Interpol, Sheriff.
• Placa con la bandera de EE.UU. que incluía un gráfico de un distintivo de “Inspector de la Patrulla Fronteriza“.
• Insignias de la Patrulla Fronteriza pegadas en el parabrisas de la F-150.
• En el momento de su detención, portaba una placa con una calcomanía del FBI adherida.
• Una gorra verde con el emblema oficial de “U.S. Border Patrol”.

También se incorporaron registros audiovisuales en los que el imputado afirmaba realizar tareas de vigilancia sobre operativos migratorios. En esas grabaciones mencionaba la búsqueda activa de agentes vinculados a deportaciones.

Las autoridades señalaron que el acusado difundía contenido en línea donde se mostraba en contextos que simulaban funciones oficiales. Estos materiales formaron parte de las pruebas recolectadas tras la investigación que se desarrolló en el Distrito Sur de California.

Durante el procedimiento, los investigadores hallaron diversas armas de fuego y municiones. Entre ellas se mencionan:

• Una pistola calibre 9 milímetros.
• Un rifle tipo AR.
• Otra arma con características similares a un modelo AK.

Según el expediente, el acusado habría adquirido equipamiento en años anteriores mediante declaraciones falsas sobre su ciudadanía. Estas operaciones quedaron registradas en formularios oficiales.

Además, se detectaron indicios de desplazamientos a otros estados para utilizar armas en instalaciones de tiro, lo que amplió el alcance de la investigación a otras jurisdicciones. Según la causa, no estaba habilitado para adquirir ni portar armamento debido a su situación migratoria irregular.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Álvarez-González se declaró culpable de un cargo por suplantación de identidad de un funcionario federal y tres cargos por posesión ilegal de armas. Estos delitos están contemplados en la legislación penal estadounidense.

Los cargos previstos incluyen:

• Un cargo por suplantación de un agente federal: pena máxima de tres años de prisión y una multa de US$250 mil.
• Tres cargos por posesión ilegal de armas de fuego por un extranjero en situación irregular: pena máxima de 15 años de prisión y una multa de US$250 mil.

La fiscalía solicitó que el acusado permanezca detenido mientras avanza el proceso, al considerar que existe riesgo de fuga y antecedentes de intento de eliminación de evidencia. “Los cargos y alegaciones contenidos en una acusación formal o denuncia son meras acusaciones, y los acusados ​​se consideran inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad“, detalló el Departamento de Justicia.