La Corte Suprema de EE.UU. podría resolver qué pasará con el arresto de inmigrantes y las fianzas
Un fallo dividido de la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito respaldó la política de Trump de detener a indocumentados sin posibilidad de liberación durante el proceso; la medida genera una división judicial
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LA NACION
El sistema judicial de Estados Unidos enfrenta una definición importante sobre la legalidad de las detenciones migratorias tras un respaldo a las políticas de línea dura de la administración Trump. Por segunda vez, un tribunal federal de apelaciones validó la práctica de arrestar a inmigrantes indocumentados dentro del país y mantenerlos bajo custodia sin posibilidad de fianza.
El debate legal sobre los “solicitantes de admisión” en EE.UU.
Según lo informado por The New York Times, la decisión del Octavo Circuito sostiene que cualquier inmigrante indocumentado puede ser considerado como alguien que está “buscando admisión”, sin importar cuánto tiempo lleve residiendo en territorio estadounidense.
Bajo este criterio, el gobierno federal tendría la potestad de aplicar las mismas reglas de detención obligatoria que se usan en la frontera, incluso para personas arrestadas en estados como Minnesota que han vivido en el país por 20 años.
De acuerdo con el medio citado, la controversia central radica en si un inmigrante que cruzó la frontera ilegalmente hace años puede ser clasificado legalmente como un “solicitante de admisión” al momento de ser arrestado en el interior del país.
La mayoría de los jueces en este fallo argumentó que estar presente en Estados Unidos no equivale a haber sido “admitido” legalmente. “Bajo la ley de inmigración, significa haber realizado una entrada legal al país", escribieron los magistrados en el fallo de 11 páginas disponible en la página web del gobierno.
Esta postura difiere de las gestiones presidenciales anteriores, que permitían que muchos detenidos fueran liberados bajo fianza si demostraban que no representaban un riesgo para la seguridad pública y que asistirían a sus audiencias.
La fiscal general, Pam Bondi, celebró la resolución en sus redes sociales. “Victoria masiva de la Corte contra jueces activistas y por la agenda de la ley y el orden del presidente Trump. El Octavo Circuito ha sostenido que los extranjeros ilegales pueden ser detenidos sin fianza”, expresó en su cuenta de X.
Divisiones en las cortes de apelaciones y consecuencias para millones de migrantes en EE.UU.
El panorama judicial actual muestra una gran división que hace casi inevitable la intervención de la Corte Suprema de Justicia. Mientras que el Quinto Circuito también ha fallado a favor de esta política, otros tribunales mantienen una visión opuesta.
En diciembre pasado, el Séptimo Circuito determinó de forma preliminar que la práctica tradicional de diferenciar entre inmigrantes establecidos y aquellos recién llegados a la frontera es, probablemente, la interpretación correcta de la ley.
Incluso dentro del propio tribunal que emitió el fallo este miércoles 25 de marzo hubo disidencias notables. El juez Ralph R. Erickson, nominado originalmente por Trump, calificó la política como una “interpretación novedosa” que eludió a cinco administraciones presidenciales anteriores.
Por otro lado, destacó el caso de Joaquin Herrera Avila, el peticionario de la demanda, quien a pesar de llevar una vida respetuosa de la ley en EE.UU., permanece detenido bajo esta nueva normativa.
Según The New York Times, de mantenerse este apoyo en los niveles de apelación, las implicaciones serían complicadas para los millones de indocumentados que han formado familias y comunidades en el país.
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