Sancionado por EE.UU.: cómo opera GAESA, el millonario conglomerado militar del régimen cubano

Las recientes sanciones anunciadas por Estados Unidos contra el conglomerado militar GAESA ponen en la mira a una de las estructuras económicas más poderosas de Cuba. Mientras el gobierno estadounidense acusa a la organización de manejar activos ilícitos y sostener financieramente al régimen cubano, distintos informes señalan que el grupo controla buena parte de la economía de la isla, con influencias en sectores como las remesas, el comercio minorista, el turismo y los servicios financieros.

De acuerdo con el reporte de Cuba Siglo 21, firmado por el analista Emilio Morales, el conglomerado Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) se convirtió en el núcleo financiero del sistema económico cubano.

El informe describe que la organización participa directamente en el mercado minorista dolarizado, en cadenas de tiendas, operaciones bancarias y en la circulación de divisas dentro de la isla.

Según el documento, el crecimiento de las remesas durante años permitió alimentar gran parte del circuito económico cubano. En 2019, antes de la pandemia, el envío de dinero hacia la isla alcanzó los 3716,71 millones de dólares, el número más alto registrado históricamente.

Sin embargo, la situación cambió en los años siguientes. El reporte señala que, en 2024, las remesas apenas llegaron a US$1113,45 millones, una caída de 43,43% respecto de los US$1972,56 millones registrados en 2023.

El estudio sostiene que este desplome afectó directamente a GAESA, ya que buena parte de sus ingresos dependían de la circulación de dólares provenientes del exterior. Además, remarca que las remesas son el sostén económico de más de un tercio de la población cubana.

El informe de Cuba Siglo 21 afirma que las remesas son el componente principal del circuito financiero que sostiene el mercado minorista dolarizado de la isla. En ese esquema participan tanto las empresas controladas por GAESA como las micro, pequeñas y medianas compañías privadas conocidas como MIPYMES y los trabajadores por cuenta propia.

Según el reporte, el conglomerado militar perdió parte de su dominio sobre el negocio de las remesas y actualmente apenas controlaría de manera directa el 7,32% del total de dinero que llega al país norteamericano, equivalente a unos US$81,6 millones.

La investigación también indica que el gobierno cubano habría impulsado medidas para limitar el crecimiento del sector privado con el objetivo de recuperar el control del comercio dolarizado. Entre las restricciones aparecen topes de precios, aumento de impuestos, controles sobre importaciones, limitaciones al comercio mayorista y prohibiciones para desarrollar numerosas actividades económicas dentro del sector privado.

Además, el reporte menciona la creación del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales (Inaene), organismo que, según el análisis, tendría como finalidad reforzar el control estatal sobre las MIPYMES y los trabajadores independientes.

El 7 de mayo de 2026, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció nuevas sanciones contra GAESA, la ejecutiva Ania Guillermina Lastres Morera y la empresa minera Moa Nickel S.A.

En el comunicado oficial del Departamento de Estado, la administración del presidente Donald Trump afirmó que la medida busca “proteger la seguridad nacional de Estados Unidos” y cortar el acceso del régimen cubano a activos considerados ilícitos.

Las autoridades estadounidenses describen a GAESA como “el corazón del sistema cleptocrático comunista cubano” y aseguran que controla al menos el 40% de la economía de la isla. También sostienen que gran parte de las ganancias generadas por el conglomerado no benefician a la población, sino que terminan desviadas hacia cuentas bancarias ocultas en el extranjero.

Según el comunicado, estimaciones públicas recientes indican que los ingresos de GAESA podrían superar en más de tres veces el presupuesto estatal cubano y que el conglomerado tendría bajo control hasta 20.000 millones de dólares en activos ilícitos.

El documento del Departamento de Estado también señala que Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva del grupo, sería responsable de administrar activos internacionales vinculados a la organización.