Estados que usan Medicaid para deportar migrantes: la lista crece y ya incluye a Carolina del Norte

En un intento por avanzar con la agenda de deportación del presidente Donald Trump, varios estados comenzaron a tomar medidas para compartir información de beneficiarios de Medicaid cuando no pueda verificarse la ciudadanía o un estatus migratorio satisfactorio. A finales de abril, Carolina del Norte se sumó a esta tendencia, mientras que otras jurisdicciones aprobaron legislaciones similares.

Carolina del Norte, entre los estados que usan Medicaid para deportar migrantes

En Carolina del Norte, las medidas recientemente aprobadas establecen un vínculo directo entre el sistema de salud pública y el control migratorio federal. A partir de octubre, los empleados estatales de salud tendrán la obligación de solicitar a los no ciudadanos que reciben Medicaid pruebas sobre su estatus migratorio, según un informe del Miami Herald.

De este modo, aquellas personas que no cuenten con un estatus legal “satisfactorio” deberán ser reportadas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

La disposición fue aprobada por legisladores republicanos dentro de un proyecto de ley que restauró 319 millones de dólares en fondos para Medicaid. A diferencia de propuestas en otros estados que buscan involucrar a todas las agencias estatales, la ley de Carolina del Norte se centra específicamente en el departamento de salud estatal.

Si bien el gobernador demócrata Josh Stein firmó la ley, luego advirtió que la ley eliminará la cobertura de salud de unas 27.000 mujeres embarazadas y niños legalmente en el país y calificó la disposición como un “defecto grave”, exigiendo que la Legislatura lo corrija.

Aunque los inmigrantes sin estatus legal no califican para Medicaid, sí pueden acceder otros grupos de no ciudadanos, entre ellos:

• Residentes permanentes con green card
• Refugiados
• Asilados
• Inmigrantes con permisos humanitarios

La lista de estados que usan Medicaid para deportar migrantes

Además del caso de Carolina del Norte, la lista de estados que utilizan el sistema de salud para deportar migrantes incluye a:

• Indiana, Louisiana, Montana y Wyoming: aprobaron leyes similares que requieren que sus agencias de salud pública informen al DHS sobre los beneficiarios de Medicaid bajo sospecha. En Louisiana, la ley entró en vigor el año pasado.
• Tennessee: el proyecto de ley, que ya pasó por la legislatura, espera la firma del gobernador Bill Lee. La política obligaría a todas las agencias estatales (no solo a las de salud) a reportar a cualquier persona sospechosa de carecer de estatus legal.
• Oklahoma: los legisladores de este estado también están considerando medidas para sumarse a esta tendencia de reporte.
• Florida y Texas: implementan políticas dirigidas a los hospitales. En Florida, una ley de 2023 exige al personal hospitalario preguntar a los pacientes sobre su estatus migratorio. En Texas, el gobernador emitió una orden ejecutiva similar en 2024.

Críticas a las medidas de los estados que usan Medicaid para deportar migrantes

Actualmente, más de 75 millones de personas están inscritas en este o en el Programa de Seguro Médico para Niños, conocido como CHIP, destinado a menores de 19 años.

En este escenario, las políticas que utilizan el programa para compartir información sobre los beneficiarios preocupan a los expertos en inmigración, principalmente por el temor latente de que aleje a los migrantes de acceder a la atención médica.

En diálogo con CBS News, Yesenia Polanco-Galdamez, abogada de inmigración de Carolina del Norte, analizó el posible impacto negativo de la norma en el estado.

“Preveo que esta ley llevará a que más familias se pregunten si es seguro buscar atención médica, si se puede compartir información con las autoridades de inmigración y si inscribir a un niño o buscar tratamiento podría exponerlos a consecuencias legales“, señaló.

Desde su lugar, Anabel Rosa, abogada especializada en Carolina del Norte, afirmó que los inmigrantes que esperan obtener la autorización legal ya temen utilizar la asistencia gubernamental. “La mayoría de las personas que están en proceso legal pagan su propio tratamiento médico de su propio bolsillo”, sostuvo.

A su vez, Leonardo Cuello, investigador del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown, advirtió que estas políticas llevan a niños que son ciudadanos estadounidenses a quedarse sin cobertura médica.

“Cuando se implementan políticas dirigidas a un inmigrante, uno puede pensar que solo se está atacando a esa persona en particular de la familia, pero en realidad es una bomba imprecisa que acaba con toda la familia”, lamentó.

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