La CGT presentó un primer escrito para tratar de impugnar la reforma laboral

Como parte de una estrategia a varios tiempos, la Confederación General del Trabajo (CGT) realizó este viernes una presentación judicial contra algunos aspectos de la reforma laboral que el Gobierno convirtió en ley durante las sesiones extraordinarias, dijeron fuentes gremiales ligadas a la central obrera.

El escrito, presentado por abogados de la central obrera, cuestiona, por un lado, la aprobación de la transferencia del fuero laboral nacional a la Justicia del Trabajo de la ciudad, y, por el otro, que los litigios laborales pasen al fuero Contencioso federal, algo que vulneraría el principio de juez natural, explicó una de las fuentes consultadas.

Según fuentes de la Justicia, la presentación recayó en el juzgado de Enrique Lavie Pico, aunque todavía no está digitalizada dentro del sistema. El juez Lavie Pico que registra algunos fallos desfavorables para el Gobierno de Javier Milei. Por caso, en los albores de la gestión libertaria, el magistrado resolvió que todas las demandas contra el megadecreto 70/2023, tramitaran separadas, lo que complicó la estrategia judicial de la Casa Rosada.

El de la CGT es un un primer movimiento judicial que inaugura la avanzada de la Central Obrera contra la ley promovida por el Gobierno que introdujo cambios significativos en las condiciones laborales, como modificaciones en la fórmula indemnizatoria o en el modo en que se otorgan las vacaciones.

Contra el fondo de la ley, dicen las fuentes consultadas, la CGT accionaría judicialmente más adelante.

Uno de los aspectos cuestionados en la presentación realizada este viernes se concentra en el artículo 91 de la reforma, que contempla la transferencia de la Justicia Laboral a la Ciudad de Buenos Aires, un ámbito moldeado por los años de Pro en el distrito y, a priori, menos favorable para los trabajadores.

En rigor, con el texto de la reforma laboral se aprobó el “acuerdo” firmado el 9 de febrero entre el gobierno de Jorge Macri y la administración nacional, por el que se acordó poner en marcha esa transferencia, una deuda que la Ciudad y Nación arrastran desde la reforma constitucional de 1994, que le otorgó un nuevo estatus a la Capital.

El posicionamiento de la central obrera frente a la reforma del Gobierno fue objeto de suspicacias. En distintos sectores creció la sospecha de que la CGT había pactado con el Gobierno mantener a salvo las cajas sindicales más importantes, a cambio de no ofrecer una resistencia abierta a otras modificaciones, más vinculadas con el día a día del trabajador.

El lunes, la CGT desplegó una protesta moderada contra la reforma en el Palacio de Tribunales, en el microcentro porteño, donde se leyó un documento contra “la ampliación de las jornadas de trabajo hasta 12 horas”, “el fin de las horas extras” y, en efecto, “la reducción de los salarios”.

LA NACION

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