“Amigos de Marco Rubio”: quiénes son los dos acusados de ser agentes de Venezuela
El caso de lobby vincula al excongresista David Rivera y la consultora Esther Nuhfer en un contexto de alta tensión diplomática
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LA NACION
El juicio federal que se desarrolla en Miami y que tiene como protagonista indirecto al actual secretario de Estado, Marco Rubio, expone una trama de vínculos políticos, contratos millonarios y presunto lobby internacional en favor del gobierno venezolano. En el centro de la escena aparecen dos figuras cercanas al funcionario: el excongresista republicano David Rivera y la consultora política Esther Nuhfer, acusados de actuar como agentes extranjeros sin registrarse oficialmente.
El juicio contra presuntos agentes extranjeros no registrados para el gobierno de Maduro
Según detalla Orlando Sentinel, el proceso judicial comenzó en un clima inusual, marcado por la relevancia de Rubio como testigo clave y por su relación personal con Rivera. Ambos compartieron vivienda en Tallahassee durante su etapa en la Legislatura estatal, lo que añade una dimensión personal a un caso de fuerte impacto político.
Rivera, de 60 años, y Nuhfer, de 51, enfrentan cargos por haber actuado, presuntamente, en representación del gobierno de Venezuela entre 2017 y 2018, en un contexto de creciente tensión bilateral durante la primera administración de Donald Trump. En ese período, Washington impulsó sanciones contra funcionarios venezolanos y contra Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), empresa petrolera estatal.
Varios candidatos del jurado fueron descartados por sus opiniones negativas hacia Rubio, entre los cuales se incluye a uno que afirmó no confiar en “una sola palabra” del funcionario, y otro que lo acusó de violaciones al derecho internacional, explicó Orlando Sentinel. Estas situaciones obligaron a la jueza Melissa Damian a intervenir reiteradamente para garantizar la imparcialidad del proceso.
El contrato millonario bajo la lupa: ¿lobby a favor del gobierno de Maduro?
En el corazón de la causa aparece un contrato por 50 millones de dólares firmado en 2017 entre la firma de Rivera y una subsidiaria con sede en Houston de la petrolera estatal venezolana, vinculada a PDVSA. El acuerdo tenía como objetivo aparente promover la expansión de la marca Citgo en Estados Unidos y resolver disputas energéticas.
Sin embargo, los fiscales sostienen que ese contrato funcionó como una fachada. Según la acusación, un alto funcionario cercano al entonces presidente Nicolás Maduro habría facilitado el acuerdo para canalizar pagos a cambio de gestiones políticas destinadas a mejorar la relación entre ambos países.
De acuerdo con Orlando Sentinel, Rivera recibió unos US$20 millones antes de que el contrato fuera cancelado ese mismo año, y habría distribuido parte de esos fondos entre Nuhfer y otros colaboradores.
La defensa, por su parte, rechaza esta interpretación y asegura que el trabajo se realizó para una filial estadounidense, lo que —según su argumento— los eximía de registrarse como agentes extranjeros.
El rol del secretario de Estado: Las gestiones ante Rubio y la Casa Blanca
Uno de los puntos del caso gira en torno a las reuniones que Rivera y Nuhfer mantuvieron con Rubio en 2017, cuando este se desempeñaba como senador. Según la acusación, ambos intentaron persuadirlo de apoyar un eventual acercamiento con el gobierno venezolano.
En un primer encuentro, Rivera le habría transmitido a Rubio que un empresario venezolano aseguraba que Maduro estaba dispuesto a convocar elecciones libres. En una segunda reunión, realizada en un hotel de Washington, participaron también el magnate Raúl Gorrín y el dirigente opositor Henry Ramos Allup.
No obstante, semanas después, Gorrín habría informado que Maduro rechazaba esa posibilidad, lo que terminaría por frustrar cualquier intento de acuerdo.
La disputa por el rol de Rubio dentro del juicio
El testimonio de Rubio se convirtió en un punto de tensión entre las partes. Inicialmente, la fiscalía había desistido de convocarlo, pero luego cambió de postura tras una citación impulsada por la defensa. Finalmente, el secretario de Estado se presentará el próximo martes, según sostuvo Orlando Sentinel.
Los abogados de Rivera y Nuhfer sostienen que su declaración será clave para demostrar que los acusados no actuaban en nombre del gobierno venezolano, sino que buscaban una transición política en ese país que contara con respaldo estadounidense.
Incluso intentaron convocar a Maduro como testigo, pero el exmandatario —detenido en Estados Unidos por cargos de narcotráfico— se negó a declarar, al invocar su derecho a guardar silencio.
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