Cómo Trump avanza para controlar las elecciones en Estados Unidos, un estado a la vez
Reuters reveló un esfuerzo del gobierno de Trump, más amplio de lo que se conocía hasta ahora, para obtener control federal sobre las elecciones en al menos ocho estados
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WASHINGTON.– En enero, la Junta Electoral del condado de Franklin, en Ohio, recibió una llamada inesperada.
El hombre al otro lado de la línea dijo ser un agente del Departamento de Seguridad Nacional y que necesitaba acceso inmediato a los registros de votantes. El condado de Franklin tiene una gran población demócrata y desde hace tiempo es un foco del escepticismo republicano sobre los centros de votación urbanos en Ohio.
En las semanas siguientes, los pedidos se multiplicaron. Según correos electrónicos revisados por Reuters, el agente solicitó formularios de inscripción electoral e historiales de votación de decenas de votantes –registros que incluyen números de licencia de conducir y otros datos confidenciales–. También insistió en obtener información sobre organizaciones locales de registro de votantes, describiendo la solicitud como parte de una “investigación” y “muy urgente”. Pero no ofreció ninguna explicación sobre qué había motivado esa pesquisa ni hacia dónde se dirigía.
Los pedidos fueron una sorpresa para los funcionarios electorales del condado de Franklin. Según la Constitución de Estados Unidos, las elecciones –incluso para cargos nacionales como la presidencia– son administradas por los estados, no por el gobierno federal. Para mayor desconcierto, la misión del Departamento de Seguridad Nacional se ha centrado tradicionalmente en el contraterrorismo, la seguridad fronteriza y el control migratorio.
“Nunca antes habíamos recibido una llamada del Departamento de Seguridad Nacional, así que fue algo inusual”, dijo Antone White, director electoral del condado. Señaló que cumplió con la solicitud, pero que aún desconoce el propósito de la investigación. El DHS se negó a comentar sobre el operativo en Ohio, aunque afirmó que sus agentes están “buscando activamente e investigando el fraude electoral dondequiera que pueda encontrarse”.
La fiscalía federal del sur de Ohio declinó comentar si existía alguna investigación federal en curso.
El episodio en Ohio forma parte de un patrón más amplio que Reuters detectó en al menos ocho estados: un avance federal, más amplio de lo que se conocía, sobre el funcionamiento y la organización de las elecciones en Estados Unidos, que desde la fundación de la república en 1789 han estado a cargo de los estados y los gobiernos locales. Funcionarios e investigadores del gobierno de Trump se desplegaron por el país solicitando registros confidenciales, presionando para obtener acceso a equipos de votación y reexaminando casos de supuesto fraude electoral que ya habían sido descartados por tribunales y revisiones bipartidistas.
En Ohio, investigadores federales han recopilado registros de votantes en al menos seis condados –dos de ellos firmemente demócratas y los otros políticamente competitivos–, citando investigaciones no especificadas. El alcance de esas pesquisas no había sido informado previamente.
En Nevada, el FBI solicitó información de votantes a la oficina del secretario de Estado, un pedido que no había sido revelado hasta ahora, como parte de una investigación del Departamento de Justicia sobre las elecciones de 2020.
En Colorado, un alto funcionario de ciberseguridad del gobierno de Trump se acercó a un secretario electoral de un condado para solicitar acceso a máquinas de votación, según relató el propio funcionario local, en otro episodio hasta ahora no reportado.
Estos hechos están llevando a funcionarios electorales locales de algunos estados a replantear su relación con un gobierno federal que durante mucho tiempo fue visto como un socio en la seguridad electoral. En Colorado, al menos 63 secretarios electorales de condado están consultando con su asociación estatal sobre cómo responder ante posibles citaciones federales o la eventual llegada de agentes federales a los centros de votación. En Carolina del Sur, funcionarios de más de 40 condados planean asistir en julio a un taller de jornada completa enfocado en escenarios similares, incluida la presencia de agentes federales armados en los lugares de votación, según dijeron autoridades de esos estados a Reuters.
Estrategias de intimidación
El presidente norteamericano, Donald Trump, un republicano, ha sido explícito sobre su deseo de ampliar la autoridad federal sobre las elecciones y este año llamó a su partido a “tomar el control” y “nacionalizar” la votación en al menos 15 lugares.
A través de órdenes ejecutivas y proyectos de ley, su gobierno ha buscado exigir prueba de ciudadanía para votar, permitir que agencias federales elaboren padrones de registro de votantes y obligar al uso de una base de datos del Departamento de Seguridad Nacional para verificar la elegibilidad. El gobierno ha impulsado depuraciones agresivas de los padrones, restricciones al voto por correo y afirmaciones infundadas sobre las máquinas de votación, mientras Trump ha instruido al DHS y al Departamento de Justicia a intensificar las investigaciones sobre presuntas irregularidades electorales.
“El presidente Trump está comprometido con garantizar que los estadounidenses tengan plena confianza en la administración de las elecciones, y eso incluye padrones totalmente precisos y actualizados, libres de errores y de votantes no ciudadanos registrados ilegalmente”, dijo la portavoz de la Casa Blanca Abigail Jackson. “Que personas no ciudadanas voten es un delito. Cualquiera que infrinja la ley será responsabilizado”, agregó.
El Departamento de Justicia no respondió a las solicitudes de comentarios.
Grupos conservadores como el centro de estudios Heritage Foundation sostienen desde hace años que el fraude electoral –incluido el voto de personas no ciudadanas y de otros votantes no habilitados– representa una amenaza grave para las elecciones en Estados Unidos. Trump y sus aliados también han difundido afirmaciones falsas de que las máquinas de votación estuvieron manipuladas en su contra en las elecciones de 2020.
Los tribunales y especialistas en derecho electoral han señalado que estas afirmaciones no están respaldadas por pruebas. Pero las insistentes denuncias de fraude por parte de Trump han tenido efecto: una encuesta de Reuters/Ipsos de la semana pasada encontró que el 63% de los republicanos cree que las elecciones de 2020 fueron robadas y que una mayoría de estadounidenses apoya la exigencia de identificación para votar.
En lugar de intentar una toma federal generalizada del sistema electoral, el gobierno parece estar poniendo a prueba los límites constitucionales estado por estado y condado por condado, según constató Reuters.
El secretario de Estado de Minnesota, el demócrata Steve Simon, dijo que los estados ahora deben prepararse ante la posibilidad de “que nuestro propio gobierno federal interfiera en las elecciones, ya sea directa o indirectamente”, ya sea mediante la presencia de agentes federales en los centros de votación, acciones ejecutivas de emergencia o la incautación de equipos electorales. “Sería irresponsable de mi parte, o de cualquier persona encargada de administrar elecciones, no contemplar escenarios y no pensar cómo podría ser una interferencia federal”, afirmó Simon.
Amy Burgans, secretaria y tesorera republicana del condado de Douglas, en Nevada, dijo que incluso la mera posibilidad de una intervención federal puede resultar inquietante para los funcionarios electorales.
“Hay un factor de intimidación”, afirmó Burgans, aludiendo a la preocupación por una eventual exposición legal personal si una investigación escala. Acciones de alto perfil, incluidos allanamientos federales y pedidos de registros vinculados a las elecciones de 2020, han intensificado esa ansiedad. “Te deja la pregunta dando vueltas en la cabeza. ¿Quién será el próximo?”, agregó.
Reuters identificó al menos a 20 funcionarios actuales y anteriores del gobierno de Trump que apoyaron los intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2020 o promovieron acusaciones más amplias de fraude electoral y que desde entonces han participado en el renovado impulso de la Casa Blanca por reformular el papel federal en las elecciones.
Eso no significa que las elecciones estén destinadas a ser revertidas, señalaron varios expertos, pero tampoco puede descartarse la posibilidad de intentos de manipulación. “Si la elección se define por unas pocas jurisdicciones, estados o condados donde haya disputas ajustadas, entonces sería más probable ver intentos de subversión”, dijo Richard Hasen, profesor de derecho electoral en la Universidad de California, en Los Angeles.
Inquietudes entre algunos aliados
Este avance se ha desplegado en una variedad de jurisdicciones.
Incluye estados bisagra, condados demócratas dentro de estados predominantemente republicanos y zonas de fuerte apoyo a Trump. Especialistas en derecho electoral señalaron que la estrategia parece menos orientada a una “toma de control” única que a encontrar múltiples puntos de presión –examinar padrones, solicitar acceso a máquinas de votación, buscar pruebas de fraude– que potencialmente puedan utilizarse para justificar reglas más estrictas o impugnar resultados si el margen es estrecho.
Incluso en algunas regiones conservadoras que votaron de manera abrumadora por Trump, el avance federal sobre la administración electoral ha inquietado a funcionarios locales que antes mantenían con Washington una relación distante.
Ese es el caso de varios condados en Colorado, donde un lobista vinculado al gobierno de Trump realizó una serie de llamados el verano pasado a secretarios electorales republicanos. Tres de ellos dijeron a Reuters que el lobista, Jeff Small, mencionó la posibilidad de establecer vínculos con la Casa Blanca y habló sobre el acceso a máquinas de votación. Carly Koppes, presidenta de la Asociación de Secretarios Electorales de Colorado y funcionaria del condado de Weld, dijo que habló con Small y que tiene conocimiento de al menos otros nueve condados a los que contactó.
Small se desempeñó previamente como asesor principal del secretario del Interior durante el primer gobierno de Trump. Más tarde trabajó como jefe de gabinete de Lauren Boebert, congresista republicana por Colorado y aliada de Trump que promovió las afirmaciones falsas del presidente sobre las elecciones de 2020. Actualmente, Small trabaja en Washington en una firma de asuntos públicos y lobby, donde se concentra en temas energéticos.
Una de las personas a las que llamó fue Steve Schleiker, secretario y registrador republicano del condado de El Paso, una región sólidamente conservadora. Schleiker contó que estaba en su casa un viernes por la noche el verano pasado cuando Small lo llamó, identificándose como alguien que actuaba en nombre de la Casa Blanca. Small elogió la gestión electoral del funcionario y preguntó si alguien del Departamento de Seguridad Nacional podía contactarlo luego. Schleiker aceptó.
Minutos después, recibió una segunda llamada. Quien llamó dijo que Trump estaba frustrado por la lentitud con la que avanzaba su agenda electoral y que buscaba “socios” locales para llevarla adelante, aunque no precisó en qué consistía esa agenda, relató Schleiker. El interlocutor se presentó, añadió, como un alto funcionario de otra dependencia del DHS: la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA), responsable de proteger las elecciones y otras infraestructuras críticas. Reuters no pudo confirmar la identidad de esa persona.
Ese interlocutor pidió entonces acceso a las máquinas de votación del condado de El Paso, fabricadas por Dominion Voting Systems. Schleiker dijo que se negó, explicando que conceder ese acceso violaría la ley de Colorado. La llamada terminó abruptamente. Dominion ha sido blanco de denuncias desacreditadas promovidas por Trump y algunos de sus aliados, que afirmaban que sus máquinas se usaron para manipular las elecciones de 2020, acusaciones rechazadas reiteradamente por tribunales y funcionarios electorales.
Contactado por Reuters, Small confirmó que se había comunicado con Schleiker y otros secretarios electorales de Colorado, pero dijo que los relatos sobre sus gestiones contenían inexactitudes, sin ofrecer detalles. Señaló que la descripción de Schleiker sobre la llamada de un alto funcionario de CISA “no era correcta”, aunque se negó a ampliar. No respondió a consultas posteriores.
La Casa Blanca no respondió preguntas sobre Small. En un comunicado, el DHS se negó a decir si un funcionario de CISA había llamado a Schleiker, pero afirmó que Small “no tiene ningún rol en el DHS y nunca fue autorizado formalmente a realizar gestiones oficiales para el departamento”.
Reexaminar el voto de 2020
En otros lugares, el gobierno de Trump está desplegando esfuerzos concretos para revisar nuevamente la elección de 2020 y examinar quiénes son elegibles para votar.
En agosto pasado, en el estado clave de Nevada, la entonces fiscal federal interina designada por Trump, Sigal Chattah, anunció una amplia investigación sobre presunto fraude electoral centrada en 2020. Meses después, el FBI contactó a la oficina del secretario de Estado Cisco Aguilar para solicitar información específica de votantes relacionada con esa elección, según relató Aguilar en una entrevista. Su oficina respondió al FBI que los datos solicitados no existían y que, por lo tanto, Nevada no podía cumplir con el pedido.
Aun así, dijo Aguilar, la investigación tuvo un efecto intimidante, generó preocupación entre los empleados por una posible exposición penal y tensó la relación con las autoridades federales. “La gente tenía miedo”, dijo Aguilar, demócrata. Señaló que el FBI cerró luego la investigación sin presentar cargos.
Más recientemente, la máxima autoridad electoral del estado de Missouri, el secretario de Estado republicano Denny Hoskins, reveló en febrero que su oficina había compartido con autoridades federales datos del padrón electoral que son de acceso público para que los nombres fueran cotejados con bases de datos de ciudadanía. El gobierno federal devolvió una lista de personas marcadas como posibles no ciudadanos, que luego la oficina de Hoskins pidió a los secretarios de condado que revisaran.
Pero funcionarios de varios de los condados más grandes de Missouri, incluidos St. Louis y St. Charles, dijeron que la mayoría de las personas señaladas por el filtrado federal eran ciudadanos estadounidenses, muchos de ellos naturalizados. Condados más pequeños informaron conclusiones similares. En el condado de Miller, Clinton Jenkins, secretario republicano y presidente de la asociación estatal de secretarios, dijo que ninguna de las personas revisadas en su jurisdicción había votado ilegalmente.
“Parece que si tu nombre tiene demasiadas vocales, aparecés en una lista”, dijo Jenkins a Reuters, sugiriendo que algunos de los nombres parecían corresponder a personas de origen latino o hispano. Hoskins no respondió a los pedidos de comentario.
El gobierno ha demandado ahora a 30 estados, incluidos nueve con gobiernos republicanos, que se negaron a entregar información del padrón electoral. La mayoría de esos estados invoca leyes locales que protegen la confidencialidad de esos datos —y la prerrogativa constitucional de los estados para administrar las elecciones.
El secretario de Estado de West Virginia, Kris Warner, republicano y antiguo aliado de Trump que integró su primer gobierno, dijo que nunca imaginó que terminaría enfrentándose a su exjefe en defensa de los derechos de los estados.
“Una de las cosas por las que hice campaña fue luchar contra el exceso de intervención federal”, dijo Warner a Reuters. “Simplemente no tenía idea, en ese momento, de que iba a ser el Departamento de Justicia el que exigiría nuestros padrones electorales”, agregó
Posible intervención federal
Varios funcionarios electorales dijeron que el avance federal ya modificó la forma en que se preparan para la votación de noviembre. Algunos describieron que recurren con mayor frecuencia a abogados y que están redactando protocolos internos para responder a órdenes judiciales federales, citaciones o pedidos de acceso a equipos de votación.
Carly Koppes, secretaria y registradora republicana del conservador condado de Weld, en Colorado, contó que capacitó a su personal para reconocer credenciales del FBI, saber cómo luce una citación federal legítima y a quién contactar si agentes federales llegan sin previo aviso. También conversó con el abogado del condado sobre cómo reaccionaría su oficina si las fuerzas federales intentaran incautar boletas, máquinas u otros materiales electorales.
Koppes describió el momento como uno de presión constante, entre los llamados del presidente a imponer nuevas reglas de votación, una redada del FBI en enero en oficinas electorales de Georgia y las amenazas de personas que creen en denuncias de elecciones manipuladas y han puesto en la mira a los funcionarios electorales. Entre las medidas de seguridad que adoptaron figura incluso una herramienta para romper vidrios —de las que se usan para escapar de un auto— colocada junto a las ventanas de la oficina, por si el personal necesitara evacuar de inmediato.
Para muchos administradores electorales, la preocupación se profundizó en enero, cuando agentes federales, actuando por directivas de la Casa Blanca, incautaron boletas, padrones y otros registros en un operativo en el condado de Fulton, en Georgia, basado en una declaración jurada que citaba denuncias de fraude reiteradamente rechazadas por tribunales y auditorías.
La ansiedad también se trasladó a los votantes. En el condado de La Plata, un rincón conservador del suroeste de Colorado, la secretaria Tiffany Lee contó que recibe cada vez más llamados de residentes que preguntan si deben llevar prueba de ciudadanía para votar —no existe tal requisito— o si deberían directamente darse de baja del padrón. “Hago esto desde hace 30 años”, dijo Lee. “Nunca vi este nivel de miedo”, agregó.
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