Cómo el cierre del DHS afecta los servicios de inmigración en EE.UU.
El Uscis tiene capacidad operativa gracias al cobro de montos por trámites, lo cual le permite trabajar sin financiamiento aprobado por el Congreso
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LA NACION
El cierre parcial de gobierno, que afecta al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) encendió alarmas entre millones de inmigrantes y empleadores. Aunque el conflicto que lo provocó gira en torno a políticas de control migratorio, sus efectos sobre los servicios de inmigración no fueron tan inmediatos.
El cierre del DHS: con impacto limitado, pero con incertidumbre
De acuerdo con el análisis de Jeelani Law Firm, el cierre parcial del DHS se originó tras la incapacidad del Congreso para aprobar un presupuesto que financie a la agencia hasta septiembre de 2026. La disputa política se centró específicamente en desacuerdos sobre políticas de control migratorio, lo que derivó en la interrupción de ciertos fondos federales.
A pesar de este contexto, la mayoría de los servicios migratorios aún funcionan. Esto se debe, en gran medida, a la estructura de financiamiento de las principales agencias involucradas en la gestión de trámites migratorios.
En lugar de depender completamente de asignaciones presupuestarias anuales, muchas de estas entidades se sostienen con tarifas pagadas por los propios solicitantes.
Este esquema permitió que el sistema siga con sus operaciones con relativa normalidad, al menos en las primeras etapas del cierre. No obstante, la incertidumbre persiste, especialmente si la situación se prolonga en el tiempo, señaló la firma Jeelani Law Firm.
Uscis: el motor que sigue en marcha para los migrantes
Uno de los puntos más relevantes es el funcionamiento del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis). Esta agencia no se ve afectada de manera significativa por el cierre, ya que se financia principalmente a través de tarifas de presentación de solicitudes.
Esto implica que numerosos trámites clave continúan procesándose sin interrupciones. Entre ellos se incluyen las solicitudes de residencia permanente (green card), los permisos de trabajo, los procesos de naturalización y las visas basadas en empleo, como la H-1B. Incluso los servicios de procesamiento premium siguen disponibles para quienes necesitan acelerar sus casos.
Además, los solicitantes deben continuar con su presencia en entrevistas y citas biométricas programadas, salvo que reciban una notificación oficial de cancelación. Este punto es importante, ya que la ausencia injustificada podría generar demoras o complicaciones adicionales en los expedientes.
Otras agencias: funcionamiento esencial garantizado
El panorama es similar en otras áreas clave del sistema migratorio.
Según Boundless, tanto el Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) como el Departamento de Estado (DOS) cuentan con financiamiento asegurado durante todo el año fiscal, lo que garantiza la continuidad de procesos fundamentales.
Esto significa que las Solicitudes de Condiciones Laborales (LCA, por sus siglas en inglés), necesarias para ciertas visas laborales, siguen tramitándose con normalidad.
Asimismo, los procesos de certificación laboral PERM continúan, al igual que las entrevistas consulares y la emisión de visas en embajadas y consulados en el exterior.
En cuanto a la seguridad fronteriza, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) mantiene sus operaciones habituales, ya que está clasificada como un servicio esencial.
Lo mismo ocurre con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), cuyas actividades de control y cumplimiento de la ley siguen en curso.
Los efectos visibles: fuera del núcleo migratorio
Donde sí se perciben impactos más concretos es en agencias que, si bien forman parte del DHS, no están directamente vinculadas al procesamiento de trámites migratorios.
Jeelani Law Firm advierte que organismos como la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Guardia Costera se vieron afectados por la falta de financiamiento.
En estos casos, muchos empleados deben continuar con su trabajo sin recibir salario durante el período de cierre. Aunque los servicios esenciales, como la seguridad aeroportuaria y la respuesta ante emergencias, se mantienen operativos, la situación deriva en inconvenientes logísticos.
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