Demanda colectiva contra el Uscis: 200 migrantes piden a la agencia que acelere la toma de decisiones
Una jueza federal de Massachusetts cuestionó las restricciones migratorias aplicadas por el DHS sobre casos de asilo, residencia y naturalización
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LA NACION
Cerca de 200 migrantes de alrededor de 20 países iniciaron una demanda colectiva contra el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) por la paralización de trámites vinculados con asilo, residencia permanente, naturalización y permisos laborales. Recientemente, una jueza de Massachusetts falló en contra de las políticas de la administración de Trump que bloqueaban estas solicitudes.
Qué reclama la demanda colectiva contra el Uscis y el DHS por los trámites migratorios
Los demandantes, entre ellos ciudadanos de Venezuela, Haití, Irán y Siria, señalaron que las políticas implementadas entre fines de 2025 y comienzos del presente año dejaron miles de expedientes sin resolución por tiempo indefinido. Según la presentación judicial, la situación afectó el acceso al empleo, la reunificación familiar y la estabilidad económica de los solicitantes.
“Nosotros este mes podemos pagar el alquiler, pero no podemos pagar la luz y el gas. Y con la comida nos estamos ayudando con los lugares donde te dan alimento gratis”, dijo Luciano Pedota, director ejecutivo de Illinois Venezuela Alliance, en una entrevista con Univision. “Los venezolanos la están pasando mal”, aseguró al referirse a la incertidumbre de esta comunidad.
Las demandas apuntan contra dos disposiciones aplicadas durante la administración Trump: una pausa en la emisión de decisiones migratorias para personas de 39 países incluidos en restricciones de viaje y otra directriz que instruía a considerar la nacionalidad de esos solicitantes como un elemento negativo en trámites de ajuste de estatus y permisos laborales.
La jueza Julia Kobick bloquea políticas migratorias de Trump contra solicitantes de asilo
El 30 de abril, la jueza federal de distrito Julia Kobick, en Massachusetts, emitió una orden preliminar favorable a los demandantes. La magistrada concluyó que las medidas adoptadas por el Uscis eran arbitrarias y no se ajustaban a la normativa federal.
“No hay indicios de que el Uscis haya considerado significativamente las consecuencias de lanzar a miles de solicitantes de beneficios a un limbo indefinido y a una incertidumbre perpetua sobre si se les otorgará asilo, se convertirán en ciudadanos de EE.UU., recibirán autorización de trabajo u obtendrán una tarjeta de residencia", detalló.
En su resolución, Kobick sostuvo que las agencias migratorias pueden evaluar solicitudes de manera individual, pero no tienen facultad para suspender indefinidamente la toma de decisiones. También indicó que utilizar la nacionalidad como criterio negativo podría violar la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
“La política del factor negativo significativo, tal como se aplica en el procesamiento de solicitudes de ajuste de estatus y autorización de trabajo, contraviene la prohibición de la Sección 1152(a)(1)(A) sobre la discriminación basada en la nacionalidad“, explicó.
La magistrada además cuestionó la justificación del gobierno federal para mantener la suspensión de trámites. Según el fallo, no existía una relación suficiente entre hechos aislados atribuidos a determinadas personas y la paralización de miles de expedientes pertenecientes a ciudadanos de distintos países.
El Uscis reactivará trámites migratorios tras el fallo federal en Massachusetts
Como parte de la decisión judicial, el tribunal ordenó al Uscis levantar de inmediato la suspensión para 22 personas que demostraron perjuicios concretos derivados de la demora en sus trámites migratorios. La jueza también dispuso que los abogados del gobierno y de los demandantes definan cómo aplicar el fallo al resto de los casi 200 inmigrantes incluidos en la demanda colectiva.
El proceso contempla la revisión de nuevos testimonios y documentación sobre daños económicos y personales. Entre las situaciones expuestas ante el tribunal figuran dificultades para pagar alquileres y servicios, imposibilidad de trabajar de manera regular y obstáculos para viajar a visitar familiares fuera de EE.UU.
“Deberían todas las otras cortes seguir el fallo”, señaló Pedota a Univision. “Ojalá empiecen todas a colaborar y a agilizar porque estancar todo el proceso no es justo”, agregó.
La resolución judicial de la jueza de Massachusetts no elimina por completo las políticas cuestionadas, pero incrementa la presión legal sobre el gobierno federal y abre la posibilidad de nuevas demandas similares en otros estados. Por el momento, la medida beneficia de manera directa únicamente a quienes forman parte de esta acción colectiva.
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