El bloqueo de Marco Rubio a los venezolanos deportados: las audiencias judiciales ya no serán posibles
El secretario de Estado respondió a la orden del juez James Boasberg y dijo que Estados Unidos no está en condiciones de cumplirla
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LA NACION
El gobierno de Estados Unidos respondió mediante la vía judicial a un fallo que le ordenaba brindarle la posibilidad a deportados venezolanos de tener audiencias judiciales o regresar al país norteamericano. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que el gobierno federal no puede garantizar estas condiciones por cuestiones de seguridad. La disputa en la corte afecta a 137 migrantes que inicialmente fueron enviados a El Salvador.
La respuesta de Marco Rubio y EE.UU. a venezolanos tras la orden de la Corte
De acuerdo con lo que establece el documento judicial, la administración federal argumenta que no puede cumplir con lo que solicitó el juez James Boasberg. Anteriormente, el magistrado había ordenado que EE.UU. informara cómo planeaba tratar el caso de los venezolanos deportados.
Entre las medidas, les podían brindar la opción de regresar físicamente al país norteamericano para tratar sus casos u otorgar audiencias virtuales ante la corte. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses dicen que no es posible.
De acuerdo con las palabras de Rubio, en representación del gobierno de Donald Trump, la respuesta tiene las siguientes claves:
- La captura de Nicolás Maduro influyó en las condiciones de seguridad e imposibilita cumplir con lo que manifestó el magistrado.
- Según Rubio, la realización de vuelos para traer a los venezolanos implica un riesgo para los intereses materiales de la política exterior.
- Lo mismo ocurre con las audiencias virtuales con los migrantes en Venezuela, ya que manifestó que habría riesgo de interferencia intencional.
- EE.UU. afirma que no conoce el paradero actual de los deportados y que no sabe si están en libertad o fueron detenidos por autoridades venezolanas.
El fallo judicial sobre los venezolanos deportados que EE.UU. no cumplirá
De acuerdo con lo que indicaba la orden del juez Boasberg emitida el 22 de diciembre, la administración Trump tenía dos semanas para presentar un plan que permitiera “deshacer los efectos” de la expulsión ilegal de los 137 venezolanos.
Concretamente, planteó tres opciones:
- Instrumentar la vuelta de los migrantes a EE.UU. para que tramiten sus casos en territorio norteamericano.
- Realizar audiencias virtuales para que los deportados pudieran defenderse desde Venezuela.
- Detallar un plan que permita a los extranjeros ejercer su derecho al Hábeas Corpus, lo que solucionaría la violación constitucional.
Quiénes son los venezolanos deportados que esperan poder volver a EE.UU.
La disputa judicial aplica sobre 137 migrantes oriundos de Venezuela. Los extranjeros forman parte de un grupo más amplio, concretamente de 252 personas, que fue enviado a la prisión de máxima seguridad Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, según The Washington Post.
Lo que ocurrió con este subgrupo es que fueron expulsados mediante el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. En la demanda posterior que se presentó, el reclamo es que no se respetaron las garantías del debido proceso.
En ese contexto, los 137 venezolanos forman parte de la disputa legal que ya generó cruces entre el juez y la administración estadounidense. En el resto de los casos de deportados a El Salvador, el proceso se realizó por las vías tradicionales, por lo que no tuvieron posibilidad de sumarse a este reclamo.
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