Preocupación en Nueva York y Nueva Jersey: ¿puede el ICE pedir las cámaras de seguridad a las grandes cadenas comerciales?

Las nuevas tecnologías de vigilancia en estacionamientos de grandes cadenas comerciales de Nueva York y Nueva Jersey abrieron un debate sobre hasta dónde pueden llegar las autoridades federales, especialmente el ICE, para acceder a esos datos y utilizarlos en investigaciones migratorias.

Según informó N+ Univision, empresas como Home Depot y Lowe’s comenzaron a reforzar sus sistemas de seguridad mediante cámaras conocidas como ALPR, sigla en inglés de lectores automáticos de placas vehiculares.

Estos dispositivos capturan el número de matrícula de un automóvil, además de la ubicación exacta, la fecha, el horario e incluso imágenes del vehículo y de sus ocupantes.

Las compañías sostuvieron que la medida busca prevenir delitos y mejorar la seguridad dentro de sus instalaciones y estacionamientos. Sin embargo, la implementación de esta tecnología despertó inquietud entre clientes y activistas que advierten sobre la posibilidad de que la información termine compartida con agencias gubernamentales o fuerzas del orden.

Según N+ Univision, y de acuerdo con las políticas de privacidad reconocidas por ambas empresas, los datos recopilados pueden ser entregados a autoridades cuando exista un requerimiento legal o una investigación oficial en curso.

El abogado de inmigración José Guerrero explicó a N+ Univision que, si ocurre un delito dentro de una propiedad privada de este tipo, las autoridades locales e incluso agencias migratorias pueden solicitar acceso al material registrado por las cámaras.

Los estacionamientos de tiendas de mejoras para el hogar se convirtieron en lugares donde jornaleros inmigrantes esperan oportunidades laborales vinculadas a jardinería, construcción, mantenimiento o pequeñas reparaciones, explicó N+ Univision.

El director ejecutivo del Consejo de Federaciones Mexicanas, Francisco Moreno, sostuvo ante N+ Univision que existe preocupación por el destino final de la información recopilada. El dirigente puso el foco especialmente en los jornaleros recién llegados al país norteamericano y sin documentación migratoria regular.

Las asociaciones de derechos civiles remarcan que el problema no pasa únicamente por la existencia de cámaras de seguridad, sino por la capacidad de almacenar grandes volúmenes de datos y compartirlos posteriormente con distintas agencias gubernamentales.

La discusión comenzó a escalar en enero de 2026, cuando una investigación de Reuters señaló que un grupo de inversores de Home Depot exigió a la compañía revisar su relación con Flock Safety, fabricante de muchas de las cámaras utilizadas en estacionamientos y calles de distintas ciudades, y evaluar cómo se usan los datos compartidos con fuerzas de seguridad.

El reclamo surgió después de reportes periodísticos que indicaban que información obtenida mediante cámaras de esa empresa fue utilizada en investigaciones relacionadas con inmigración.

La preocupación tomó fuerza luego de que operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) se realizaran en estacionamientos de tiendas donde suelen reunirse trabajadores migrantes.

Reuters señaló que los accionistas solicitaron un informe sobre riesgos vinculados a privacidad, derechos civiles, posibles discriminaciones y detenciones erróneas derivadas del uso indebido de datos personales. También advirtieron sobre eventuales problemas financieros, legales y reputacionales para la empresa.

Entre los principales puntos planteados por los inversores aparecieron:

• Riesgos de privacidad asociados al almacenamiento de datos.
• Posibles violaciones de derechos civiles.
• Uso de información por parte de autoridades migratorias.
• Impacto reputacional por redadas cerca de tiendas.
• Potenciales conflictos con leyes estatales de protección de datos.

De acuerdo con Reuters, Home Depot aseguró que no otorga acceso directo a sus lectores automáticos de placas a agencias federales. Sin embargo, la empresa reconoció que la información puede ser compartida con autoridades públicas y policiales cuando lo considere necesario para cumplir con la ley o respaldar investigaciones.

La investigación también detalló que agentes migratorios accedieron a datos de Flock Safety a través de departamentos policiales locales. No obstante, la empresa tecnológica afirmó no tener contratos con el Departamento de Seguridad Nacional ni con subagencias como el ICE.

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