El nuevo conflicto que enfrentan los inmigrantes en EE.UU. vs. las políticas del DHS

Bajo las órdenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) comenzó a detener activamente a inmigrantes con ciertas condenas penales desde septiembre. Ahora, los abogados contraatacan a las políticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) con herramientas legales que cuestionan la legalidad del proceso.

En septiembre, la administración Trump ordenó a los agentes federales proceder con la detención obligatoria. Esta política requiere que los funcionarios arresten a los no ciudadanos con ciertas condenas.

Las personas puestas en custodia bajo esta modalidad no tienen derecho a una audiencia de fianza y deben permanecer detenidas mientras el procedimiento de expulsión esté pendiente contra ellas, según el Immigrant Legal Resource Center.

El gobierno actual sostiene que no existe una diferencia entre los inmigrantes arrestados al cruzar la frontera y quienes entraron por vías ilegales, pero residen en el país hace años.

Antes de la aplicación de la política, los jueces diferenciaban entre estos dos grupos, con la creencia de que quienes permanecieron en el país durante más de dos años sin cometer otros delitos ya establecieron lazos en la comunidad y pueden aplicar a la fianza.

Aunque la medida buscaba incrementar el número de migrantes arrestados, no todo salió como Trump esperaba.

Un informe de The Washington Post indicó que la mayoría de los jueces fallaron a favor de los inmigrantes que impugnan el cambio. Con sus determinaciones, ordenaron a la administración actual que celebre audiencias de fianza de inmigración para los detenidos o los libere.

En esa línea, una decisión que podría impactar en miles de casos de migrantes corresponde a la de la jueza federal Sunshine Sykes del Distrito Central de California. El pasado 26 de noviembre, dictaminó que la política era ilegal y sostuvo que el gobierno debe brindar a los no ciudadanos de todo el país la oportunidad de buscar su liberación bajo fianza.

A su vez, con su fallo otorgó estatus de demanda colectiva a todos los migrantes sujetos a la política de detención obligatoria del gobierno.

Es importante remarcar que la medida de Trump no aplica a todos los migrantes que son arrestados por agentes federales. Aquellos extranjeros que se quedaron más tiempo del permitido por sus visas, pero ingresaron legalmente, aún conservan el derecho de solicitar la libertad bajo fianza.

Como resultado de la política, desde que el gobierno comenzó a aplicar la detención obligatoria, incrementaron drásticamente las solicitudes de hábeas corpus en los tribunales estadounidenses.

Este recurso permite a los detenidos presentarse ante un juez para determinar si su arresto fue legal o no. El objetivo es proteger la libertad individual de cada persona.

Por su parte, Tricia McLaughlin, subsecretaria de Seguridad Nacional, defendió la detención obligatoria y afirmó que “busca aplicar la ley tal como fue redactada”. A continuación, expresó que si la batalla legal llega hasta la Corte Suprema, el resultado será a favor de la administración Trump.

“Los activistas judiciales han sido repetidamente anulados por la Corte Suprema”, comentó, en declaraciones citadas por Washington Post.

Asimismo, el gobierno federal alega que la ley vigente autoriza la detención obligatoria de todas las personas que esperan un proceso de deportación. Esta interpretación deja sin posibilidades a los jueces de inmigración de decidir si aplica o no la fianza.

Pese a los argumentos de la administración Trump, el informe evidencia que los jueces federales de al menos 51 distritos judiciales rechazaron la postura del gobierno al sostener que la interpretación viola la Constitución. En 10 de estos distritos, los migrantes presentaron en promedio más de 100 peticiones desde septiembre.