Para frenar al DHS: el proyecto de ley que busca cortar los fondos para detener inmigrantes

Congresistas demócratas presentaron una iniciativa legislativa que busca impedir el uso de recursos federales para la detención y el monitoreo de personas migrantes por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). El proyecto, conocido como Ley Melt ICE, plantea un cambio estructural en la reasignación del presupuesto hacia servicios comunitarios.

Por qué demócratas buscan quitar fondos al DHS y al ICE

La propuesta, presentada por la representante por el tercer distrito de Illinois, Delia Ramírez, y la representante de Nueva York, Yvette Clarke, surge en un contexto de debate nacional sobre el alcance de las políticas migratorias y el uso de recursos públicos en tareas de control, detención y deportación.

Según las congresistas impulsoras, el DHS y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) operan con amplios presupuestos y con un nivel de discrecionalidad que, a su entender, derivó en prácticas que vulneran derechos civiles.

“Algunos en el Congreso estarían dispuestos a ampliar aún más el presupuesto para implementar la agenda de deportaciones masivas de Trump. Pero hemos visto lo que el DHS puede hacer con sus recursos ilimitados y su poder sin límites. Y decimos basta”, dijo Ramírez en un comunicado oficial. “Nuestros impuestos no deben utilizarse para aterrorizar a nuestras comunidades”, señaló.

El proyecto fue presentado mientras el Congreso analiza un paquete de asignaciones presupuestarias que contempla US$3840 millones a operaciones de custodia del ICE y elevar a US$5450 millones el presupuesto para las Operaciones de Cumplimiento y Deportación. En ese escenario, la iniciativa busca frenar la expansión de recursos destinados a la aplicación de la ley migratoria y redirigirlos hacia programas sociales.

“La Ley Melt ICE es una solución audaz que inhibirá la capacidad de esta administración para implementar su sádica estrategia de control migratorio, a la vez que retribuirá a nuestras comunidades más vulnerables”, aseguró Clarke.

Qué es la Ley Melt ICE y qué cambios propone

Según el texto legal, la iniciativa plantea una transformación profunda del marco legal que regula la detención migratoria. Uno de sus ejes centrales es la eliminación de las disposiciones 236(a), 236(c), 235(b), 241(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) que habilitan el arresto de personas no ciudadanas.

El proyecto establece que, en un plazo máximo de seis meses desde su promulgación, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, deberá liberar a todas las personas migrantes detenidas bajo su propia responsabilidad, sin recurrir a mecanismos de custodia física. Además, se fija un período de dos años para finalizar todos los contratos relacionados con centros de detención, tanto públicos como privados.

Otra de las medidas clave es la prohibición de que el DHS firme nuevos acuerdos con entidades destinadas al arresto de migrantes. Una vez cumplidos los plazos establecidos, el uso de fondos federales para estos fines quedaría expresamente detenido.

Entre sus otras disposiciones, la Ley Melt ICE también propone:

• Eliminación de los monitores de tobillo: ordena la creación de un plan para retirar todos los monitores electrónicos en un mes y completar el retiro total en seis meses.
• Prohibición de fondos para vigilancia: veta el uso de recursos federales para programas de monitoreo de tobillo y para contratos de detención física tras los plazos establecidos.
• Restricción de actividades de control (enforcement) del ICE: prohíbe que el presupuesto de “Operaciones y Soporte” del ICE se utilice para arrestos civiles, deportaciones o el procesamiento de cargos migratorios.
• Finalización del programa “Comunidades Seguras”: elimina el financiamiento para el intercambio de información entre el DHS y agencias locales para identificar extranjeros.
• Derogación de la cooperación policial local: revoca las leyes que permiten a funcionarios estatales o locales arrestar a no ciudadanos por motivos migratorios o compartir información con el servicio de inmigración.
• Protección de la privacidad de datos: prohíbe que las organizaciones que prestan servicios sociales compartan información personal identificable de los beneficiarios con cualquier entidad federal.

Uno de los pilares del proyecto es la redirección del presupuesto actualmente destinado al ICE hacia programas de apoyo comunitario. La propuesta prevé la creación de un sistema de subvenciones administrado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, orientado a organizaciones sin fines de lucro con base territorial.

Estos fondos estarían destinados a brindar asistencia en vivienda, servicios legales en materia migratoria, atención de la salud física y mental, capacitación laboral, apoyo educativo y clases de inglés. De acuerdo con el texto del proyecto, la participación en estos programas sería voluntaria y no estaría condicionada a mecanismos de control o vigilancia.

Los cuestionamientos al funcionamiento del DHS y el ICE

La congresista Ramírez afirmó que su experiencia en el distrito le permitió observar de forma directa el impacto de las operaciones del DHS. Durante la presentación del proyecto, señaló que comunidades enteras han sido objeto de vigilancia, detenciones sin orden judicial y uso de la fuerza por parte de agentes federales.

“Nuestros electores son amenazados, son atacados con gases lacrimógenos, embestidos por vehículos. Están siendo secuestrados. Y lo han visto”, dijo Ramírez.

Según detalló, estas prácticas no son hechos aislados, sino el resultado de un diseño institucional que otorga amplias facultades al DHS bajo el argumento de la seguridad nacional. En ese marco, sostuvo que el Congreso ha permitido, desde la creación del organismo, un esquema de poder con escasos mecanismos de control.

“Durante un doloroso año, estas entidades deshonestas han emprendido una cruzada de crueldad desenfrenada contra nuestros vecinos migrantes y los lugares que consideran su hogar”, dijo Clarke. “El Congreso tiene la responsabilidad moral y ética de detener el caos financiado por los contribuyentes que se extiende por nuestros distritos”, finalizó.

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