La empresa de seguridad privada Securitas admitió ante la Justicia que pagó millonarias coimas para vigilar organismos públicos
La empresa de seguridad privada Securitas admitió ante la Justicia que pagó millonarias coimas a representantes de organismos públicos como la compañía AYSA, Renaper, Senasa y Anmac, entre otros, para no perder los contratos y para cobrar servicios adeudados. Incluso pagó para que le agilicen trámites de tenencias de armas de sus vigiladores y para que les avisen de eventuales inspecciones.
Así surge de un expediente a cargo de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y del fiscal federal Fernando Domínguez, que en las últimas horas derivó en la detención de nueve sospechosos, todos exdirectivos de Securitas Argentina SA, al cabo de 50 allanamientos en distintos puntos del país.
La investigación, según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales, comenzó en febrero de 2020 tras una denuncia hecha por representantes de Securitas Argentina.
Sostuvieron que un grupo de exdirectivos “abusaron y utilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo, con el único fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban”.
En el momento en que fue hecha la denuncia, Securitas Argentina SA era una filial de la compañía Securitas AB, que ofrece servicios de seguridad, monitoreo, consultoría e investigación con sede principal en la ciudad de Estocolmo, capital de Suecia.
En la actualidad, la filial local fue adquirida por una empresa de capitales argentinos y un grupo latinoamericano especialista en mercados emergentes. Fuentes al tanto de investigación sostuvieron que la nueva gestión no tiene nada que ver con los “pagos indebidos”.
La compañía identificó distintos hechos que podrían configurar delitos como defraudación contra la administración pública, cohecho, dádivas y administración infiel o fraudulenta”
Sostuvieron fuentes judiciales
Los sucesos denunciados habrían tenido ocurrencia en la Argentina, con intervención de funcionarios públicos de distintos estratos, al menos entre los años 2016 y 2018, aunque no descartaron que aquellos hubieran acontecido incluso antes de dicho lapso”