Muertes, ausentismo y escuelas vacías: lo que dejó el megaoperativo del ICE en Minnesota
Tras más de dos meses de redadas, protestas y detenciones masivas, la retirada de los agentes no alcanza para restablecer la vida cotidiana ni disipar el temor en las comunidades afectadas
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“He propuesto, y el presidente Trump ha coincidido, que esta operación concluya”, anunció el “zar de la frontera”, Tom Homan, al confirmar el fin del operativo en Minnesota. Tras más de dos meses de protestas, arrestos masivos y dos muertes, referentes de organizaciones locales advirtieron a LA NACION que su impacto no termina con la retirada de los agentes y que varios procesos judiciales, escuelas y la actividad económica siguen alterados, mientras muchas familias inmigrantes aún evitan retomar su rutina.
“Porque ellos digan que se van, la gente no va a salir de sus casas de un día para el otro”, afirma Aaron Rosenthal, de 37 años, director de investigación de North Star Policy Action, un think tank que busca mejorar las condiciones de vida de los trabajadores de Minnesota.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lanzó la “Operación Metro Surge” el 1 de diciembre. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) la calificó como “la mayor operación de control migratorio de la historia”, con cerca de 3000 agentes federales movilizados en Minneapolis y St. Paul.
La tensión alcanzó su punto máximo tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses de 37 años a manos de agentes federales: Renée Good, abatida en su vehículo el 7 de enero, y Alex Pretti, quien recibió múltiples disparos después de ser inmovilizado en el suelo cuando participaba de una protesta el 24 de enero. Estos hechos desataron protestas masivas y enfrentamientos diarios en las calles.
Según las autoridades federales, las redadas derivaron en más de 4000 arrestos. Mientras la administración de Trump calificó a los detenidos como “extranjeros ilegales criminales peligrosos”, también fueron arrestadas personas sin antecedentes penales, incluidos niños y ciudadanos estadounidenses.
Un sistema bajo presión
“ICE detuvo a cuatro de nuestros clientes. Son personas que venían escapando de situaciones horribles en sus países y ahora se encuentran acá con algo similar”, señala Florencia Montal, de 40 años, que es argentina, doctora en Ciencia Política por la Universidad de Minnesota e investigadora del Centro para Víctimas de la Tortura (CVT).
La académica explica que el CVT se originó en los 80 para ofrecer acompañamiento psicológico a refugiados solicitantes de asilo. “Nuestros clientes son sobrevivientes de tortura que huyeron de la violencia bajo algunos de los regímenes más peligrosos del mundo. Se encuentran en Estados Unidos en un proceso legal”, afirmó Sara Nelson, gerente del centro, en un comunicado de prensa.
“Hay una inequidad generada a nivel racial y étnico”, denuncia Montal. Una de sus clientas, sobreviviente de tortura de un país africano y solicitante de asilo con permiso de trabajo, fue detenida al ingresar a su lugar de trabajo. “Agentes de ICE la derribaron en la nieve frente a sus compañeros. Menos de 24 horas después fue trasladada en avión a un centro de detención en Texas”, detalla el comunicado.
Desde enero sale prácticamente un vuelo diario de deportación desde el aeropuerto de Minneapolis–St. Paul con destino a Texas. La información oficial sobre quiénes viajan y en qué condiciones es limitada.
Nick Benson, un aficionado a la aviación de 41 años, se instala diariamente en el aeropuerto con una cámara y una planilla para contar cuántas personas suben a los vuelos chárter, según cuenta en una entrevista con la red NPR. En enero registró 42 despegues y estima que más de 2300 personas fueron trasladadas ese mes. “El conteo es lo importante para mí, porque no hay otra fuente de datos cuantitativos sobre lo que está pasando”, explica en la nota.
La razón oficial del traslado de los inmigrantes detenidos a Texas es que allá hay centros de detención más amplios. Sin embargo, Montal afirma que también influye que ese distrito judicial es considerado favorable a la administración republicana: “Les conviene que mucha de la parte legal de los procesos migratorios se haga ahí”.
“El sistema es poco transparente por diseño”, afirma. “Muchos jueces reconocen que la persona fue detenida erróneamente y exigen su liberación; pero después no se hace efectiva”, cuenta Montal. Desde octubre se emitieron más de 4400 sentencias que sostienen que la administración Trump está deteniendo inmigrantes ilegalmente, según un análisis de Reuters.
Esta presión sobre el sistema judicial quedó expuesta a principios de mes. La fiscal federal Julie T. Le se sumó temporalmente para atender el aluvión de expedientes migratorios. Durante una audiencia, el juez Jerry W. Blackwell cuestionó el incumplimiento de órdenes de liberación. “¿Qué quiere que haga?”, respondió ella, según The New York Times. “El sistema apesta. Este trabajo apesta… arreglar un sistema roto… no tengo un botón mágico para hacerlo”. Tras sus declaraciones, su asignación en la fiscalía fue terminada.
Rutinas en pausa
En este escenario judicial incierto, muchas familias siguen evitando exponerse en la vía pública. “El trabajo nuestro cambió muy rápido a proveer asistencia directa a las personas que se encuentran con que no pueden salir de su casa por miedo”, explica la académica argentina. “Yo no tengo nada que ver con eso, pero de repente estaba en una lista para coordinar cómo llevarle a la gente alimentos”, detalla.
“Pero en un momento empezó a circular una lista para que las familias que necesitaban entregas se anotaran; y resultó que la había armado gente de ICE. Les quedó una lista de todas las personas que estaban en sus casas”, cuenta Montal. Este episodio no es aislado. Hay un número creciente de reportes de agentes federales encubiertos, haciéndose pasar por trabajadores de la construcción, conductores de reparto y, en algunos casos, activistas antiICE, según reportaron observadores legales y funcionarios a The Associated Press.
El impacto alcanza también a las escuelas. Una directora de un colegio del norte de Minneapolis con alta proporción de estudiantes latinos tuvo que organizar “una especie de vuelta a la pandemia”: repartir computadoras, coordinar clases online y sostener al mismo tiempo la modalidad presencial. Además, “los maestros van siguiendo al bus amarillo para asegurarse que no lo intercepte ICE y se lleve a algún chico o a los padres que están esperando”, relata Montal.
El caso que generó mayor repercusión fue el de Liam Conejo Ramos, un niño ecuatoriano de cinco años que fue interceptado por agentes federales cuando regresaba de la escuela en Columbia Heights. Funcionarios y autoridades locales denunciaron que los agentes habrían usado al niño como “cebo” para que llamara a la puerta de su casa, una versión que el DHS rechazó.
Liam fue detenido junto a su padre y ambos permanecieron bajo custodia en Texas hasta que el juez Fred Biery ordenó su liberación. El magistrado calificó el episodio como una “persecución gubernamental” y advirtió sobre el impacto que esas prácticas pueden tener en menores.
“Ese es el caso que conocemos, pero hay distritos escolares donde faltan cuatro o cinco chicos y no se sabe nada”, añade Montal. En St. Paul, según datos citados por el informe de North Star Policy Action, uno de cada cuatro estudiantes latinos estuvo ausente cada día desde diciembre.
“Muchos dicen que es como la pandemia, pero es peor. La pandemia fue universal; lo que estamos viendo ahora es una especie de pandemia concentrada: solo algunas comunidades se ven obligadas a quedarse en sus casas”, detalla Rosenthal.
El efecto económico en números
“Puede resultar incómodo hablar de dólares y centavos cuando la vida de las personas está siendo afectada, pero es fundamental para dimensionar lo que está pasando”, sostiene el investigador.
Según su equipo, el costo directo del operativo ronda los 18 millones de dólares por semana. “Con esa suma se podría cubrir durante un año la atención médica de 5000 chicos en Minnesota”, afirma. Solo el gasto en alojamiento y comida para agentes equivale a lo que el estado destina a la alimentación escolar.
Además, Rosenthal asegura que es una “subestimación enorme”. “No estamos considerando el pago de horas extra, ni el costo de los autos alquilados. Tampoco estamos incluyendo el costo de las demandas civiles que inevitablemente surgirán por las detenciones ilegales y que terminarán con indemnizaciones que pagarán los contribuyentes. Por lo tanto, cualquier cifra que presentemos no refleja el costo real”, detalla.
Pero el impacto va más allá del gasto público. Si la actividad económica generada por trabajadores y empresarios inmigrantes cayera un 10%, el think tank calcula que la pérdida podría alcanzar los 80 millones de dólares semanales.
El investigador afirma que hay reportes prácticamente a diario —sobre todo de negocios gestionados por inmigrantes— que muestran caídas de ingresos del 50%, 80% e incluso 100%. “Muchos todavía no han vuelto a abrir y no sabemos cuándo –o si– lo harán; aún no contamos con una estimación precisa de esas pérdidas”, reflexiona.
El director de investigación observa que el sector de la construcción es uno de los más afectados. “Estamos viendo que, sobre todo, trabajadores latinos están dejando de concurrir a las obras”, afirma. Eso impacta de inmediato en los ingresos familiares porque “su principal sostén deja de trabajar” e “implica una reducción en la actividad de la construcción en un estado que ya enfrenta un grave déficit habitacional”.
A eso añade posibles costos futuros en salud —tras la cancelación de consultas médicas por temor— y educación, por la ausencia prolongada de alumnos en determinados distritos.
“No sabemos todavía qué implica todo esto en términos del impacto educativo y económico a largo plazo para el estado, pero va a ser significativo”, concluye.
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